Este jueves 19 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Venezuela retomará la segunda discusión del “Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”. La sesión, programada para las 4:00 p. m., llega tras varios retrasos provocados por la falta de consenso sobre el contenido del texto. El punto más conflictivo radica en la exigencia de que los beneficiarios reconozcan formalmente los hechos que se les imputan —muchos de los cuales niegan rotundamente haber cometido— como condición indispensable para ser excarcelados, una medida que activistas califican de “extorsión jurídica”.
Mientras el debate avanza en el palacio legislativo, la crisis humanitaria se intensifica a las puertas de los centros de reclusión. Un grupo de familiares de detenidos cumple más de 100 horas en huelga de hambre frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana conocida como Zona 7, en Boleíta. La situación es crítica: Mariana Escalona, familiar de uno de los detenidos, tuvo que recibir atención médica de urgencia tras sufrir un colapso de salud producto del ayuno prolongado. Los manifestantes exigen una liberación inmediata y sin condiciones que no vulnere la dignidad de los presos.
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La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) ha denunciado formalmente la opacidad de la Fiscalía General de la República. Según la organización, a pesar de la gravedad de la protesta, los funcionarios no han ofrecido información veraz sobre el estado físico y psicológico de los recluidos. La ONG ha solicitado la designación inmediata de un fiscal especializado en Derechos Humanos para constatar el deterioro de los internos y proceder con las liberaciones antes de que la salud de los huelguistas o de los propios detenidos llegue a un punto irreversible.
El proyecto de ley, impulsado bajo el gobierno de Delcy Rodríguez, pretende abarcar delitos políticos cometidos desde 1999, presentándose como una herramienta para la pacificación nacional. Sin embargo, para la oposición y diversas organizaciones internacionales, el actual borrador es una maniobra para legitimar la persecución política pasada. El resultado de la votación de hoy será determinante para definir si Venezuela avanza hacia una verdadera reconciliación o si el estancamiento político se profundiza con una ley que no cuenta con el respaldo de las víctimas.
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