Este viernes 20 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump anunció en un mitin en Georgia que una flota de “barcos extremadamente grandes” transporta 50 millones de barriles de petróleo desde Venezuela hacia las refinerías de Houston, Texas. Este movimiento marca el inicio formal de un acuerdo energético tras la reciente flexibilización de sanciones por parte del Departamento del Tesoro (OFAC), que ahora permite a gigantes como Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol operar con la estatal PDVSA bajo estrictos controles estadounidenses.
La administración Trump ha diseñado un mecanismo financiero donde Washington mantiene el control de los ingresos de manera indefinida. El secretario de Energía, Chris Wright, explicó que el crudo venezolano —especialmente valorado por ser pesado y apto para la producción de asfalto y combustibles en refinerías del Golfo de México— generará una derrama económica proyectada de 10,000 millones de dólares al año. Estos fondos no se entregarán directamente a Caracas, sino que se depositarán en cuentas supervisadas por el Tesoro para financiar proyectos de infraestructura, ayuda humanitaria y el restablecimiento de instituciones democráticas.
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El esquema operativo se basa en licencias específicas que obligan a las petroleras a reportar cada transacción y aseguran que ningún fondo llegue a manos de individuos sancionados. Este “acuerdo histórico” se consolida apenas mes y medio después de la detención de Nicolás Maduro. Para el gobierno de EE. UU., el beneficio es doble: se garantiza un suministro estable de energía que abarata costos de construcción interna (como el asfalto para carreteras) y se asegura el financiamiento de la transición política venezolana sin costo para el contribuyente estadounidense.
Desde Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha validado el proceso, confirmando la llegada de múltiples misiones de inversionistas internacionales interesados en los sectores de hidrocarburos y minería. Aunque Venezuela depende ahora de la aprobación de Washington para acceder a estos recursos, Rodríguez destacó que el país está en un proceso de apertura económica sin precedentes. Este flujo constante de petróleo hacia el norte es visto por analistas como el pilar de la nueva relación bilateral, fundamentada en la seguridad energética mutua y la supervisión financiera transnacional.
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