La fiscal de los Estados Unidos, Jeanine Pirro, ha decidido abandonar sus esfuerzos por procesar a seis legisladores demócratas que habían sido señalados por la administración Trump. Esta resolución surge tras el fallo de un gran jurado en Washington D.C., el cual determinó que la fiscalía no logró demostrar que existiera causa probable para una acusación. El caso se centraba en un video donde los legisladores instaban a los miembros de las fuerzas armadas y de inteligencia a desobedecer órdenes de la Casa Blanca que pudieran considerarse “ilegales” o contrarias al derecho militar.
Los legisladores involucrados, entre los que destacan los senadores Elissa Slotkin y Mark Kelly, defendieron su postura argumentando que su intención era recordar a los militares su deber de obediencia a la ley y no a directivas presidenciales arbitrarias. Al contar con antecedentes en el ejército y la inteligencia, los llamados “Seis Sediciosos” sostuvieron que su mensaje era una defensa del marco legal vigente. Por su parte, el presidente Trump había calificado previamente estas palabras como un “comportamiento sedicioso de traidores”, exigiendo consecuencias legales inmediatas para los funcionarios.
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A pesar de la presión del Ejecutivo, los fiscales auxiliares de la oficina de Pirro optaron por no insistir en el proceso tras el rechazo del gran jurado hace aproximadamente dos semanas. Aunque teóricamente otro fiscal en un distrito judicial distinto podría intentar una nueva acusación, no hay indicios de que algún funcionario federal tenga la intención de retomar el caso. El fallo representa un freno significativo a la estrategia del Departamento de Justicia de perseguir acciones que la actual administración considera un desafío directo a su autoridad.
La senadora Slotkin declaró que este desenlace evidencia un intento de “utilizar el sistema de justicia como un arma” contra los oponentes políticos del mandatario. Este caso se suma a otros incidentes donde Trump ha solicitado públicamente al Departamento de Justicia investigar a figuras como la fiscal de Nueva York, Letitia James, o el senador Adam Schiff. Con la retirada de estos cargos, se cierra un capítulo polémico sobre los límites de la libertad de expresión de los legisladores y su influencia sobre las instituciones de seguridad nacional.
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