El panorama comercial de Estados Unidos ha entrado en una fase de incertidumbre total tras la sentencia en el caso Learning Resources Inc. v. Trump. El Tribunal Supremo dictaminó que el presidente no puede usar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) para fijar tasas aduaneras, un poder que la Constitución reserva exclusivamente al Congreso. El fallo, redactado por el juez John Roberts, no solo anula los gravámenes “recíprocos” de 2025, sino que pone en duda el destino de 160,000 millones de dólares ya recaudados, cuya posible devolución está ahora en manos del Tribunal de Comercio Internacional.
En una respuesta inmediata y desafiante, Trump ha recurrido a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una normativa diseñada para corregir desequilibrios en la balanza de pagos. Bajo este nuevo marco legal, ha impuesto un arancel global que ha escalado del 10% al 15%. Sin embargo, esta estrategia tiene un límite temporal de 150 días, lo que ha generado cautela entre los socios internacionales. La Unión Europea ya ha congelado la ratificación de acuerdos comerciales previos, mientras que China evalúa su posición antes de la cumbre presidencial prevista para el próximo mes.
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La reacción de los mercados y de las capitales extranjeras refleja el caos jurídico. Muchos acuerdos bilaterales se firmaron bajo la premisa de reducir los aranceles IEEPA a cambio de concesiones; con la nulidad de esos gravámenes, el fundamento de dichos pactos ha desaparecido. Trump ha sido claro en Truth Social: cualquier nación que intente “jugar” con la decisión judicial o retractarse de lo pactado enfrentará “algo peor” que las tasas anteriores, manteniendo una postura de confrontación directa a pesar del límite impuesto por el Poder Judicial.
A pesar de las impugnaciones legales que ya se preparan contra el uso de la Sección 122, el escenario arancelario de Estados Unidos se mantiene en niveles no vistos desde los años cuarenta. La administración Trump parece decidida a mantener el proteccionismo como eje central de su política, buscando recovecos legales para ejercer una autoridad que el Supremo ha intentado acotar. La estabilidad del comercio global dependerá ahora de si el Congreso decide intervenir o si el ciclo de órdenes ejecutivas y litigios judiciales continúa marcando el rumbo de la economía.
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