El Congreso de los Estados Unidos enfrenta una parálisis crítica a medida que se acerca el plazo límite del 13 de febrero para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El conflicto se centra en un paquete de 10 reformas presentado por los demócratas, quienes exigen mayor rendición de cuentas tras la muerte de dos ciudadanos en Minneapolis el mes pasado. Sin embargo, senadores republicanos como Lindsey Graham han rechazado tajantemente la propuesta, asegurando que medidas como exigir órdenes judiciales para deportar criminales son inviables y solo buscan frenar el cumplimiento de la ley.
Las demandas demócratas buscan imponer “barreras de seguridad” a las agencias federales, incluyendo la prohibición del uso de máscaras que oculten la identidad de los agentes y la obligatoriedad de cámaras corporales. También proponen restringir operativos en “lugares sensibles” como escuelas e iglesias, y prohibir el perfilado racial basado en el idioma o la apariencia. Para el liderazgo demócrata, estas reformas son esenciales para evitar el “caos” en las ciudades, mientras que los republicanos las consideran una lista de deseos ideológicos que pone en peligro a los oficiales al exponer su información personal.
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Por su parte, el Speaker Mike Johnson y otros líderes del GOP sostienen que muchas de estas exigencias, como la coordinación obligatoria con estados y localidades, son inconstitucionales y buscan proteger las políticas de “ciudades santuario”. Los republicanos destacan que, debido a una ley de reconciliación previa que otorgó un aumento presupuestario masivo a ICE, la agencia podría seguir operando incluso durante un cierre. No obstante, advierten que agencias vitales como FEMA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera quedarían sin fondos, afectando la respuesta ante desastres y la seguridad nacional.
Con las negociaciones estancadas, la posibilidad de un cierre parcial del DHS crece día con día. Mientras los demócratas insisten en que no aprobarán más fondos sin garantías de protección a los derechos civiles, los republicanos se mantienen firmes en su apoyo a la estrategia de deportación masiva de la administración actual. El desenlace de este pulso político en Washington determinará no solo el presupuesto federal, sino también los límites del poder de las agencias de inmigración en territorio estadounidense durante los próximos años.
