El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha anunciado su intención de apelar un reciente fallo judicial que bloquea el uso de municiones químicas contra los manifestantes en Portland, Oregón. Este lunes, el DHS, representado legalmente por el Departamento de Justicia, presentó formalmente un Aviso de Apelación para impugnar la medida cautelar que actualmente limita a los agentes federales el despliegue de gases lacrimógenos a las afueras de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La controversia legal se originó a principios de este mes, específicamente el 6 de marzo, cuando la jueza de distrito de EE. UU., Amy Baggio, otorgó una orden judicial preliminar a favor de la comunidad local. Esta decisión fue el resultado directo de una demanda interpuesta por Gray’s Landing, un complejo de apartamentos cercano a la sede de ICE en el sur de Portland, y por sus residentes, quienes denunciaron reiteradamente que el uso constante de estos gases durante los enfrentamientos estaba afectando gravemente su salud, bienestar y calidad de vida dentro de sus propios hogares.
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Bajo los términos de la orden judicial actual que el gobierno busca revertir, los oficiales federales tienen estrictamente prohibido utilizar municiones químicas en cantidades que permitan que los químicos en aerosol se propaguen y alcancen las propiedades de Gray’s Landing. La jueza Baggio estipuló de manera clara que la única excepción permitida para el despliegue de estos agentes antidisturbios en volúmenes que afecten a la zona residencial es que exista una “amenaza inminente para la vida” durante las protestas.
Con la presentación de esta nueva apelación por parte de la administración, se anticipa que el conflicto legal escale a la siguiente instancia y pase a manos del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Mientras tanto, el caso sigue siendo un punto central de debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte de agentes federales en áreas urbanas densamente pobladas y el derecho de los residentes ajenos a las protestas a un entorno seguro.
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