Un estudiante indocumentado de la escuela secundaria de Fairfax en Virginia enfrenta ahora trece cargos por agresión, luego de que más víctimas acudieran a la policía para denunciar tocamientos indebidos. Israel Flores Ortiz, un joven de dieciocho años de edad originario de El Salvador, es acusado de acercarse sigilosamente por la espalda a sus compañeras en los pasillos de la institución para tocarlas inapropiadamente. Tras las recientes audiencias judiciales, un juez denegó la solicitud de fianza para el acusado, argumentando que su liberación no protegería adecuadamente a la comunidad, a pesar de que la oficina del fiscal inicialmente no presentó objeciones a dicha petición.
Los padres de las estudiantes afectadas han expresado una profunda indignación ante el manejo de la situación por parte de las autoridades escolares del condado de Fairfax. Las familias acusan a la escuela de intentar minimizar la gravedad de los hechos, señalando que un correo electrónico enviado a la comunidad describió los ataques como simples palmadas, cuando las víctimas denuncian tocamientos directos en sus áreas íntimas. Un grupo de aproximadamente doce familias ha reportado estas agresiones que, según sus testimonios, ocurrieron durante varios meses sin que la institución educativa interviniera a tiempo para detener el comportamiento del estudiante y garantizar la seguridad de las menores.
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Ante la creciente presión pública y los cuestionamientos sobre la falta de acción oportuna, la superintendente del distrito escolar anunció el inicio de una investigación exhaustiva e independiente. Para este propósito, se contrató a una firma legal externa con el objetivo de establecer una comprensión clara de lo ocurrido, determinar las fechas exactas de los incidentes y confirmar si se siguieron correctamente todas las políticas y protocolos de seguridad de la institución. Las autoridades escolares reconocieron que las serias acusaciones de agresión física han generado una gran preocupación entre los estudiantes, el personal docente y toda la comunidad educativa del condado.
El caso ha generado atención adicional debido a la situación migratoria del acusado, quien ingresó a través de la frontera sur en el año 2024 y fue liberado bajo las políticas federales vigentes en ese momento. Tras su arresto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas emitió una orden de detención con fines de deportación; sin embargo, representantes de la agencia federal señalaron que la oficina del alguacil local no está respetando dicha solicitud debido a las políticas de santuario del estado. Mientras tanto, los padres de las víctimas insisten en que los hechos deberían ser clasificados como agresiones sexuales para evitar que el responsable quede en libertad en poco tiempo y represente un riesgo futuro.
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