El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras una intensa jornada de más de seis horas de debate. Aunque el bloque oficialista logró reunir los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada, tuvo que ceder en uno de los puntos más polémicos del proyecto original: la modificación a la revocación de mandato, la cual finalmente quedó fuera del dictamen definitivo para el año 2027.
La acalorada sesión, que congregó a los ciento veintiocho senadores, estuvo marcada por fuertes confrontaciones y severas críticas de la oposición, quienes argumentaron que la reforma era una simulación cuyo verdadero objetivo era permitir que la mandataria hiciera campaña. Sin embargo, el punto de inflexión fue la firme postura del Partido del Trabajo, cuyo respaldo era indispensable para la aprobación; los líderes de esta bancada anunciaron que apoyarían el proyecto en lo general, pero se negarían rotundamente a acompañar cualquier cambio relacionado con adelantar la consulta popular.
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Tras intensas negociaciones de última hora, la senadora petista Lizeth Sánchez presentó una reserva para eliminar en su totalidad las modificaciones propuestas al artículo treinta y cinco constitucional, argumentando que mezclar este ejercicio con la elección intermedia podría distorsionar el sentido democrático del país. La reserva fue respaldada por la mayoría, por lo que el dictamen fue aprobado con ochenta y siete votos a favor y cuarenta y uno en contra, confirmando de esta manera que la revocación de mandato presidencial se mantendrá en los términos vigentes y se llevará a cabo en 2028.
Con la eliminación de este polémico apartado, la reforma constitucional avalada mantiene intactas otras medidas significativas, como la drástica reducción de recursos a congresos estatales, el límite máximo de quince regidores en los municipios y la estricta prohibición de contratar seguros con recursos públicos. El documento aprobado fue remitido a la Cámara de Diputados pasada la medianoche para continuar con su respectivo trámite legislativo, donde deberá ser analizado y, de ser ratificado, requerirá el aval de la mayoría de los congresos estatales para poder entrar en vigor.
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