Funcionarios del estado de Minnesota presentaron este martes una demanda formal contra la administración del presidente Donald Trump para exigir el acceso a la evidencia relacionada con tiroteos que involucran a oficiales federales, incluyendo la muerte de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti. La querella legal argumenta que la administración federal no ha cooperado en absoluto con la investigación a nivel estatal. Las muertes de Good y Pretti ocurrieron tras un aumento en el despliegue de agentes federales en el área metropolitana de Minneapolis y St. Paul, como parte de una estricta campaña de deportación e inmigración impulsada por el gobierno nacional.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional ha promocionado esta ofensiva de inmigración como una operación sumamente exitosa, la medida ha enfrentado duras críticas por parte de numerosos líderes locales. Durante una conferencia de prensa, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, declaró que están completamente preparados para luchar por la transparencia y la rendición de cuentas que el gobierno federal está intentando evitar. Moriarty denunció que el gobierno ha adoptado una política de retención categórica de pruebas en lo que respecta a esta investigación, revelando que tuvieron que solicitar la evidencia de manera formal después de que los investigadores estatales fueran bloqueados en sus intentos por acceder a ella.
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La demanda también exige la entrega de pruebas en el caso específico de Julio César Sosa-Celis, quien resultó herido cuando agentes federales le dispararon en la pierna. Los cargos penales en contra de Sosa-Celis fueron desestimados posteriormente, luego de que los funcionarios federales afirmaran inicialmente que el sospechoso había golpeado a un agente de inmigración utilizando el mango de una escoba y una pala para la nieve. A raíz de estas discrepancias, se abrió una investigación criminal independiente para determinar si los oficiales mintieron bajo juramento, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia no han respondido a las solicitudes de comentarios por parte de la prensa.
En cuanto a las acciones a nivel federal, el Departamento de Justicia anunció durante el mes de enero que estaba abriendo una investigación de derechos civiles específicamente por la muerte de Pretti, pero decidió no tomar la misma medida para el caso de Good. Mientras que las administraciones gubernamentales anteriores solían abrir este tipo de indagatorias de manera casi inmediata tras incidentes mortales, el actual fiscal general adjunto Todd Blanche argumentó que solo ciertas circunstancias particulares justifican la apertura de una investigación de esta naturaleza. A través de este recurso legal, las autoridades de Minnesota buscan esclarecer los hechos para sus investigaciones locales.
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