El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles que un ortodoncista del estado de Michigan ha sido condenado a 60 años de prisión por graves delitos de explotación infantil. El acusado, identificado como Thomas Shannon, un ciudadano estadounidense de 44 años, fue sentenciado por explotar en línea a numerosos menores de entre 12 y 17 años durante un prolongado período de tiempo que abarcó desde el año 2019 hasta principios del 2024.
Los atroces crímenes de Shannon salieron a la luz pública y llamaron la atención de las autoridades policiales cuando una joven de 16 años de Carolina del Norte denunció haber sido víctima de explotación sexual a través de la popular aplicación Snapchat. A partir de esa denuncia inicial, los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) lograron descubrir al menos a otras 16 víctimas menores de edad, confirmándose en los reportes oficiales que una de ellas tenía tan solo 12 años en el momento de los hechos.
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En un detalle aún más indignante del caso, ICE informó que otra víctima infantil, a la que Shannon conoció y explotó a través de una aplicación diferente, se presentó a denunciar mientras el acusado ya se encontraba en libertad bajo fianza por cargos previos relacionados con material de abuso sexual infantil. Como parte de la contundente condena y del exitoso proceso judicial en su contra, el yate propiedad del ortodoncista, lugar donde presuntamente cometió varios de estos horribles crímenes, fue incautado definitivamente por las autoridades.
En un anuncio separado pero igualmente perturbador emitido a principios de esta misma semana, ICE también comunicó que un residente de Florida, Francisco Javier Ravelo, se declaró culpable de distribuir videos de abuso y tortura física hacia monos adultos y bebés. Según la investigación federal, Ravelo administraba grupos de chat en línea dedicados a la tortura de estos animales, en clara violación del estatuto federal correspondiente, por lo que ahora enfrenta una pena máxima de siete años de prisión según el Departamento de Justicia.
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