La Ley de Amnistía en Venezuela ha llegado a su fin de manera prematura. Apenas dos meses después de su promulgación, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el cese de esta normativa, la cual fue diseñada originalmente para facilitar la reconciliación nacional mediante la liberación de personas detenidas por motivos políticos. Organizaciones no gubernamentales y expertos legales han reaccionado con alarma, calificando la medida como un golpe a la seguridad jurídica del país.
Expertos de la ONG Acceso a la Justicia subrayan que la ley no posee cláusulas de caducidad ni límites temporales para que los beneficiarios soliciten su amparo. Al derogar este instrumento de forma unilateral, el Ejecutivo nacional estaría invadiendo competencias legislativas y judiciales, vulnerando el principio de separación de poderes. Los críticos sostienen que esta acción envía una señal peligrosa a los tribunales, instruyéndolos a desestimar solicitudes de libertad sin una base legal sólida.
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Pese a que la comisión parlamentaria reportó que 8,616 personas obtuvieron la libertad plena bajo esta norma, el Foro Penal advierte que el alcance fue limitado. Según sus registros, solo 186 de las más de 700 excarcelaciones ocurridas este año fueron consecuencia directa de la amnistía. Actualmente, se estima que aún permanecen tras las rejas 473 presos políticos, incluyendo extranjeros como el argentino Germán Giuliani, quienes ahora quedan bajo la discreción de nuevos programas controlados por el chavismo.
Rodríguez detalló que los casos pendientes serán evaluados por la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, dirigida por el fiscal general Larry Devoe. Para organizaciones como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón, este cambio de rumbo demuestra una falta de voluntad real para desarmar el entramado represivo del Estado. Consideran que la ley terminó siendo un ejercicio de retórica política, sacrificando la esperanza de justicia de cientos de familias en favor de la conveniencia del Ejecutivo.
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