El Concejo Municipal de Houston aprobó este miércoles una enmienda que debilita significativamente una política reciente que limitaba la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración (ICE). La decisión surge como una respuesta directa a la presión del gobernador Greg Abbott, quien amenazó con cancelar aproximadamente 114 millones de dólares en subvenciones estatales destinadas a la seguridad pública de la ciudad si no se ajustaban sus normativas.
La enmienda elimina protecciones clave que habían sido establecidas apenas unas semanas antes. Entre los cambios más polémicos se encuentra la eliminación de la regla que obligaba a los oficiales a esperar un máximo de 30 minutos por los agentes de ICE durante paradas de tráfico. Además, se modificó el lenguaje sobre las detenciones: mientras que la política original decía que los oficiales podían detener a alguien “solo” el tiempo necesario para el propósito inicial de la parada, la nueva versión otorga a la policía mayor discreción para prolongar la detención por “otros propósitos legítimos descubiertos”.
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Grupos de derechos civiles, incluidos la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, han calificado estos cambios como un intento encubierto de derogar la ordenanza original. Argumentan que el nuevo lenguaje es confuso y otorga una “luz verde” para detenciones policiales inconstitucionales. Durante la sesión del miércoles, decenas de manifestantes se reunieron frente al Ayuntamiento para expresar su rechazo, advirtiendo que los miembros del concejo verán las consecuencias de esta decisión en las urnas.
Por su parte, el alcalde John Whitmire defendió la medida asegurando que protege los fondos esenciales para la ciudad y refuerza la Cuarta Enmienda. El sindicato de policías de Houston también expresó su apoyo a los cambios, afirmando que la prioridad es cumplir con la ley estatal. Mientras tanto, ciudades como Austin y Dallas enfrentan amenazas similares de recortes presupuestarios por políticas parecidas, en un clima de creciente tensión legal y política entre las ciudades lideradas por demócratas y la administración republicana estatal.
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