En este abril de 2026, la exigencia de libertad para los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana ha vuelto a cobrar protagonismo en la agenda política venezolana. El partido Primero Justicia (PJ) denunció que Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina han sido víctimas de un sistema judicial “parcializado e injusto” que los mantiene tras las rejas desde hace más de dos décadas. Los agentes fueron sentenciados a la pena máxima de 30 años por su presunta participación en los enfrentamientos del 11 de abril de 2002, durante el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez.
La ONG Foro Penal, a través de su vicepresidente Gonzalo Himiob, calificó la detención como una condena arbitraria por delitos que los funcionarios no cometieron. Himiob recordó que, a pesar de haber cumplido gran parte de su sentencia, se les han negado sistemáticamente los beneficios procesales y las medidas de libertad a las que tendrían derecho según la ley. Esta denuncia se suma a la reciente negativa de la Corte de Apelaciones de Aragua de concederles una amnistía, prolongando su permanencia en prisión bajo cargos de homicidio calificado en grado de complicidad.
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Este reclamo ocurre en un clima de alta tensión social en Venezuela, con movilizaciones masivas hacia el Palacio de Miraflores. Los manifestantes protestan por un salario mínimo que permanece estancado en 130 bolívares (menos de 30 centavos de dólar) mientras la inflación interanual supera el 600%. La represión de estas protestas, que ha incluido el uso de gases lacrimógenos y nuevas detenciones, ha sido vinculada por líderes opositores con la persistencia de un modelo que utiliza el sistema de justicia como herramienta de control político.
María Corina Machado, figura clave de la oposición, señaló en una entrevista reciente que la lucha por la liberación de los presos políticos y la justicia para los policías metropolitanos forma parte de un movimiento social “irreversible”. Para Machado, la permanencia de estos funcionarios en la cárcel tras 24 años es un símbolo de la ausencia de democracia plena, subrayando que la transición hacia la justicia y la libertad en el país es un proceso que la represión oficial no podrá detener.
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