Un grupo de familiares y activistas de la organización de derechos humanos Surgentes se manifestó este martes frente a la Asamblea Nacional en Caracas para solicitar formalmente la inclusión de los prisioneros etiquetados como “tancol” en la Ley de Amnistía. Estos detenidos, cuyo acrónimo significa “terroristas armados narcotraficantes colombianos”, han quedado fuera del beneficio promulgado en febrero por la administración de Delcy Rodríguez, a pesar de que sus capturas responden a un contexto de conflictividad política en las zonas fronterizas del país.
La organización ha documentado al menos 45 casos específicos, aunque estima que la cifra total de afectados podría superar las 200 personas, en su mayoría campesinos de estados fronterizos con doble nacionalidad colombo-venezolana. Según las denuncias de Surgentes, estas personas fueron capturadas cerca de sus hogares entre 2021 y 2023 y procesadas bajo cargos de terrorismo, un delito que los activistas califican como eminentemente político y basado en pruebas fabricadas por el aparato de seguridad del anterior régimen.
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Durante la movilización, los familiares relataron crudos testimonios de torturas y tratos inhumanos a los que fueron sometidos los detenidos, incluyendo jóvenes que apenas alcanzaban la mayoría de edad al momento de su arresto. Las víctimas denuncian un vacío institucional desesperante, ya que los tribunales remiten sus casos al Parlamento para que sean considerados bajo la amnistía, mientras que la comisión parlamentaria aún no ofrece una respuesta definitiva sobre la viabilidad legal de incluirlos.
La actual Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática excluye explícitamente delitos de narcotráfico y acciones armadas con apoyo extranjero, categorías en las que fueron encasillados estos campesinos durante la gestión de Nicolás Maduro. Esta demanda pone de relieve los límites del proceso de reconciliación nacional en este año dos mil veintiséis, evidenciando que cientos de presos políticos de los sectores más vulnerables e invisibles de la población carcelaria permanecen aún sin una solución jurídica clara.
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