Nuevos documentos judiciales detallan la detención de Gerardo González Reyes, de 44 años, tras una intervención policial originada por un reporte falso de una menor desaparecida. Según la declaración jurada, un oficial detuvo una camioneta roja donde viajaban Gerardo y su hijo Esteban, de 17 años, luego de que una madre informara erróneamente que su hija de 15 años intentaba huir en dicho vehículo. Durante la parada, Esteban se negó a bajar de la unidad y su padre intervino físicamente para evitar que los agentes lo retiraran, lo que provocó el arresto de ambos por interferencia con funciones públicas.
El oficial actuante especificó que tuvo que retirar a Esteban del vehículo por la fuerza tras repetidas órdenes incumplidas, mientras Gerardo sujetaba el brazo de su hijo para impedir la acción policial. Ambos fueron trasladados al Centro de Cumplimiento de la Ley del Condado de Hays, donde se descubrió que Gerardo tenía una orden de detención pendiente emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La policía de San Marcos aclaró que el oficial no tenía conocimiento de este estatus migratorio al momento del arresto inicial en la escena.
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Gerardo González Reyes permanece bajo custodia federal para procedimientos de deportación, citando condenas previas por conducir bajo la influencia (DWI) en 2004 y 2005. El caso ha generado una fuerte ola de protestas y críticas hacia la cooperación de la policía local con las autoridades de inmigración, especialmente tras confirmarse que la menor reportada como desaparecida nunca abandonó su hogar. Organizaciones civiles y residentes cuestionan la severidad de la medida y el impacto que esto tendrá en la estabilidad de una familia establecida en la región por décadas.
El juez del condado de Hays, Rubén Becerra, expresó su profunda preocupación en una carta dirigida a los directores de ICE el pasado 2 de abril. Becerra destacó que González Reyes es el principal proveedor económico de su hogar, tiene una esposa con discapacidad y tres hijos que son ciudadanos estadounidenses. El juez instó a las autoridades federales a ejercer la discreción y permitir la reunificación familiar por motivos humanitarios, mientras el Departamento de Policía de San Marcos continúa revisando los protocolos aplicados durante este polémico incidente de 2026.
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