El Capitolio de Texas fue escenario de una jornada cargada de dolor e indignación durante la audiencia del Comité General de Investigación sobre el futuro de Camp Mystic. Padres de los 27 campistas y consejeros que perdieron la vida en la inundación del pasado 4 de julio instaron a los legisladores a bloquear la reapertura de las instalaciones, prevista para el 30 de mayo. Los testimonios describieron escenas desgarradoras de menores abandonados a su suerte mientras las cabañas se inundaban, calificando el suceso como el mayor evento de víctimas masivas infantiles en la historia del estado.
La controversia se centra en la gestión de la familia Eastland, propietaria del campamento, quienes estuvieron presentes durante las declaraciones. CiCi Steward, madre de un campista aún desaparecido, y otros padres como Bolton Walters, cuestionaron por qué el establecimiento sigue en pie tras una tragedia de tal magnitud. Los familiares argumentan que las “promesas de seguridad y preparación” del campamento resultaron ser mentiras mortales, y sostienen que ninguna instalación bajo la dirección actual podrá garantizar el bienestar de los niños en el futuro.
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Recientemente, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) identificó 22 deficiencias críticas en el nuevo plan de emergencia presentado por Camp Mystic. Entre las fallas destacan lagunas graves en los procedimientos de evacuación por inundación y la omisión de un mapa de llanura aluvial requerido por FEMA. Nim Kidd, jefe de la División de Manejo de Emergencias de Texas, enfatizó ante el comité que los planes de seguridad deben ser formales, financiados y coordinados con las autoridades locales, no meras intenciones abstractas.
Al cierre de la audiencia, el DSHS reafirmó su postura de no aprobar licencias para campamentos juveniles que no cuenten con un plan de gestión de emergencias aceptable y riguroso. Mientras la directiva de Camp Mystic busca retomar actividades en su ubicación de Cypress Lake, los padres mantienen una vigilancia estrecha sobre el proceso legislativo, asegurando que la oración y la fe —recursos mencionados por los dueños tras la tragedia— no sustituyen a un protocolo técnico de salvamento capaz de prevenir nuevas muertes este verano.
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