El Departamento de Policía de Austin (APD) publicó sus Órdenes Generales actualizadas, marcando un cambio significativo en la política de interacción con las autoridades migratorias. Esta actualización es el resultado directo de un acuerdo entre la Ciudad de Austin y el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien previamente había amenazado con retirar 2.5 millones de dólares en subvenciones para seguridad pública. Dichos fondos son vitales para programas de atención a víctimas del delito, pruebas forenses, capacitación de oficiales y servicios de salud mental en la capital del estado.
Bajo el nuevo manual de 866 páginas, los oficiales de Austin ahora tienen la instrucción de contactar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando detecten que una persona bajo custodia está sujeta a una orden administrativa, siempre que sea “operativamente factible”. Este ajuste elimina parte de la discrecionalidad que antes tenían los agentes. Además, se requiere la aprobación de un supervisor antes de que el personal del APD brinde asistencia en operativos de cumplimiento de ICE, salvo en situaciones de emergencia que impliquen peligro inminente.
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A pesar de estas concesiones al gobierno estatal, el departamento mantuvo una salvaguarda fundamental para los residentes: los oficiales siguen teniendo prohibido arrestar o detener a una persona basándose únicamente en una orden administrativa de ICE que no esté firmada por un juez. El alcalde de Austin, Kirk Watson, defendió el acuerdo calificándolo como una solución práctica que preserva el financiamiento crítico para la seguridad pública sin imponer una carga excesiva a los oficiales ni crear daños indebidos a los residentes por infracciones no criminales.
La jefa de policía, Lisa Davis, enfatizó que estas órdenes buscan garantizar un servicio profesional y consistente, subrayando que los oficiales deben actuar siempre dentro de los límites constitucionales y fomentar la confianza comunitaria mediante una vigilancia imparcial. Por su parte, la oficina del gobernador Abbott confirmó que, con estos cambios, se ha levantado la retención de fondos al considerar que la ciudad ahora cumple con las leyes estatales. No obstante, activistas y algunos líderes locales han expresado su preocupación de que esta medida pueda erosionar la confianza de la comunidad inmigrante hacia la policía local.
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