En un fallo emitido este martes 14 de abril de 2026, una corte federal de apelaciones ordenó el cese inmediato de la investigación por desacato contra la administración Trump. El caso se originó en marzo de 2025, cuando el gobierno procedió con la deportación de un grupo de migrantes venezolanos hacia prisiones de máxima seguridad en El Salvador, a pesar de que el juez federal James Boasberg había emitido una orden verbal para detener temporalmente dichos traslados.
La mayoría del panel de apelaciones, liderada por la jueza Neomi Rao, calificó la investigación de Boasberg como una “extralimitación” y un “abuso de discreción”. Rao argumentó que el tribunal inferior intentaba interferir en decisiones de alto nivel sobre seguridad nacional y política exterior, áreas que, según el fallo, están fuera del alcance de dicha indagatoria. La corte determinó que el gobierno tiene un derecho “claro e indiscutible” a que se pongan fin a estos procedimientos, calificándolos de “intrusivos”.
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Por su parte, el juez Boasberg había sostenido previamente que existía causa probable para acusar al gobierno de desacato criminal, subrayando que la Constitución no tolera la desobediencia deliberada de órdenes judiciales. El conflicto escaló cuando el Departamento de Justicia defendió la actuación de la entonces Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien autorizó el traslado de 100 hombres venezolanos invocando poderes de guerra. Los abogados del gobierno argumentaron que la orden inicial de Boasberg fue solo verbal y que, para cuando se emitió la orden escrita, los aviones ya habían abandonado el espacio aéreo estadounidense.
La defensa del gobierno ha sido coordinada por figuras como Todd Blanche y Emil Bove, quienes en ese momento ocupaban altos cargos en el Departamento de Justicia. Ellos sostuvieron que la deportación rápida era legal tras clasificar a los migrantes como miembros de una pandilla transnacional. El fallo de hoy, que contó con el voto disidente de la jueza Michelle Childs (nominada por el presidente Biden), evita lo que el Departamento de Justicia describió como una “expedición de pesca” radical e inconstitucional contra la rama ejecutiva.
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