El debate en torno a las responsabilidades de la ola de violencia que sacudió al sur de Austin tomó un nuevo matiz tras las declaraciones de Michael Cargill, propietario de la conocida armería Central Texas Gun Works. Cargill admitió públicamente que el arma de fuego utilizada por los tres delincuentes juveniles para ejecutar 12 tiroteos y herir a cuatro personas el pasado fin de semana fue robada directamente de los mostradores de su establecimiento comercial el sábado por la tarde. El empresario reconoció que el personal de la tienda no se percató en primera instancia de la minoría de edad de los asaltantes debido a su complexión física, una confusión que compartieron los primeros agentes del Austin Police Department (APD) al revisar las cintas de videovigilancia.
Ante las críticas por las aparentes facilidades para sustraer el armamento de su negocio, Cargill defendió los protocolos vigentes en su local, aclarando que por política comercial no se solicita una identificación oficial de manera obligatoria a las personas que entran a mirar, sino hasta el momento exacto en que se formaliza la intención de compra para proceder con la verificación de antecedentes del FBI. No obstante, el comerciante destapó un alarmante historial de reincidencia, asegurando que la banda de adolescentes ya había ingresado a su negocio en al menos otras cuatro ocasiones con la clara intención de robar material bélico.
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El punto de mayor fricción radica en un antecedente directo ocurrido a principios de año. Cargill reveló que el sospechoso de 17 años, identificado por la policía como Cristian Fajardo Mondragon, ya había perpetrado un robo exitoso de una pistola en su tienda el pasado mes de enero, dándose a la fuga a bordo de un autobús de transporte público de CapMetro. En aquella ocasión, los patrulleros de APD lograron interceptar la unidad vial, recuperar el arma y arrestar al menor. Basado en este hecho, el dueño de la armería acusó directamente a la Fiscalía del Condado de Travis (Travis County District Attorney’s Office) de negligencia criminal institucional por no haber procesado penalmente al delincuente en su momento: “Esto se pudo haber evitado si este individuo hubiera sido enjuiciado; no debió haber estado libre en las calles”, sentenció.
Las reacciones de los sectores de seguridad retirados no se hicieron esperar, exigiendo mayor control privado. Dennis Farris, presidente de la Austin Police Retired Officers’ Association, instó al dueño del establecimiento a asumir su parte de responsabilidad en la seguridad comunitaria, señalando que los robos han ocurrido a plena luz del día y con la tienda operando con normalidad. Ante la presión civil y los señalamientos de la opinión pública, Cargill adelantó que este martes 19 de mayo de 2026 implementará nuevas y severas medidas de blindaje y videovigilancia interna sin especificar los detalles técnicos. Por su parte, la Fiscalía estatal emitió un comunicado institucional escueto, limitándose a señalar que continuarán colaborando con las fuerzas policiales para garantizar que los acusados rindan cuentas ante la ley.
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