Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este 12 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró que no se ha detectado ninguna “conducta ilícita” por parte de Rubén Rocha Moya. Harfuch enfatizó que, durante la actual administración, el Gabinete de Seguridad ha operado en Sinaloa sin restricciones, logrando la captura de objetivos prioritarios y personas con órdenes de extradición. Según el funcionario, el gobierno estatal nunca representó un obstáculo para las operaciones tácticas y de inteligencia en la entidad.
Al ser cuestionado directamente sobre la existencia de expedientes abiertos en México contra el mandatario sinaloense, García Harfuch fue tajante al responder que “por parte de nosotros, no” existe ninguna investigación en curso. Esta postura oficial del gobierno federal busca desestimar los señalamientos provenientes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que hace apenas dos semanas solicitó la detención y extradición de Rocha Moya por presuntos vínculos con el tráfico de armas y drogas.
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Por su parte, el canciller Roberto Velasco informó que el gobierno de México ya envió una nota diplomática a Washington para solicitar formalmente las pruebas que sustentan dichas acusaciones. Velasco señaló que, a pesar de mantener una comunicación cotidiana con la embajada a cargo de Ronald Johnson y el Departamento de Estado, hasta el momento no se ha recibido información que corrobore los nexos criminales imputados. “Estamos esperando la respuesta”, puntualizó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante los medios en Palacio Nacional.
Este respaldo del gabinete federal ocurre en un clima de alta tensión diplomática, mientras figuras de la oposición y reportes periodísticos insisten en la opacidad de la administración de Rocha Moya, particularmente en temas de transparencia y auditorías. No obstante, para la administración de Sheinbaum, el caso se mantiene como una acusación externa sin sustento legal en territorio mexicano, condicionando cualquier acción futura a la recepción de evidencia contundente por parte de las autoridades estadounidenses.
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