La madrugada del domingo 17 de mayo sacudió al estado de Puebla con una de las peores tragedias en su historia reciente. Un comando armado irrumpió en una vivienda rural de la comunidad de Texcalapa, en el municipio de Tehuitzingo, ejecutando a quemarropa a 10 personas. Entre las víctimas fatales se encuentran seis miembros de la familia Torres —propietarios del rancho donde ocurrieron los hechos— y cuatro de sus trabajadores. La crueldad del ataque conmovió a la población al confirmarse el fallecimiento de tres menores de edad, destacando una bebé de apenas un mes y 20 días de nacida, además de dos adolescentes de 11 y 14 años. La única mujer que inicialmente había sobrevivido al atentado perdió la vida mientras era trasladada de urgencia al hospital.
Casi 24 horas después de la matanza, el Gobierno del Estado emitió un comunicado oficial lamentando profundamente la pérdida de vidas y prometiendo de forma categórica que el crimen no quedará impune, señalando como prioridad la paz y la recuperación del tejido social en la región de la Mixteca poblana. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, bajo la conducción de Idamis Pastor Betancourt, informó que la principal línea de investigación apunta a un cruento conflicto entre parientes por la posesión de terrenos. Las autoridades ministeriales revelaron que el presunto autor material ya está identificado como José Alfredo “N”, quien presuntamente masacró a sus propios padres, hermanos, cuñada, sobrina y empleados por la disputa hereditaria.
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Las primeras indagatorias forenses sugieren que el multihomicidio no cuenta con las características operativas de la delincuencia organizada. En la escena del crimen, peritos recolectaron casquillos percutidos de calibres .22 y 9 milímetros, armamento que suele asociarse a riñas de índole particular y no al despliegue logístico de los grandes cárteles del narcotráfico. A pesar de este diagnóstico técnico, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal se vio obligada a desplegar un operativo de reacción inmediata en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para blindar los accesos al municipio y localizar al sospechoso, quien se dio a la fuga tras el ataque.
La masacre ha provocado una ola de enérgicas condenas en el espectro político mexicano. Dirigentes del PRI y legisladores del PAN, como la diputada federal Genoveva Huerta, exigieron una investigación profunda y rigurosa, cuestionando si la extrema violencia empleada puede reducirse simplemente a un entorno familiar o si evidencia una preocupante descomposición social provocada por la impunidad. El panorama estatal es alarmante: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla registra 457 homicidios en el primer cuatrimestre de 2026, integrándose a la dolorosa estadística de masacres que la organización Causa en Común sigue documentando activamente a lo largo de todo el territorio nacional.
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