Una revisión exhaustiva a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) reveló que, durante los cinco años de gestión de Rubén Rocha Moya, las principales dependencias de Sinaloa han omitido publicar los resultados de sus auditorías. Secretarías críticas como Seguridad, Finanzas, Salud y Bienestar han reportado sistemáticamente que “no se realizaron auditorías internas ni externas”, una declaración que expertos señalan como una táctica para evadir la rendición de cuentas obligatoria por ley. Esta falta de información pública ocurre en dependencias cuyos titulares han sido señalados directamente por autoridades internacionales.
Este vacío informativo cobra especial relevancia tras la reciente solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener y extraditar al gobernador con licencia y a nueve de sus funcionarios. El Departamento de Justicia los acusa de presuntos vínculos con el tráfico de armas y el narcotráfico, específicamente con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Entre los señalados se encuentran los exsecretarios de Seguridad y Finanzas, cuyas carteras tampoco han transparentado contratos de obras o gastos de publicidad oficial en los últimos dos años.
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La opacidad también alcanza a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, que no ha hecho pública ninguna auditoría en el último lustro. Pese a ser el organismo encargado de procurar justicia, la FGE justifica la falta de datos en la PNT bajo el argumento de no haber tenido resultados que informar. Cabe destacar que el exvicefiscal Dámaso Castro Saavedra, también acusado por Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado, solicitó licencia recientemente para enfrentar los requerimientos legales en su contra.
Tras la extinción del INAI en 2025, la operatividad de la Plataforma Nacional de Transparencia pasó a manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sin embargo, en el caso de Sinaloa, la propia Secretaría de Transparencia estatal reconoce en informes internos que la falta de información presupuestaria en la plataforma federal representa un “área de riesgo” grave. Mientras las acusaciones de narcopolítica escalan a nivel diplomático, la administración de Rocha Moya se mantiene como una de las más opacas en la historia reciente del estado.
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