Un gran jurado en el estado de Arizona acusó formalmente a una ciudadana de origen mexicano por su presunta responsabilidad en un aparatoso accidente de volcadura vial que le costó la vida a su pequeña hija y dejó heridos a otros tres menores de edad. La Maricopa County Attorney’s Office notificó de manera oficial que el proceso penal en contra de Brenda Rivera Estrada, de 30 años de edad, se reanudó con cargos severos tras la recepción de los informes periciales definitivos sobre el siniestro automovilístico.
El dictamen científico resultó determinante para el endurecimiento del caso, ya que los análisis de toxicología e historial de muestras sanguíneas confirmaron de forma inequívoca que la indiciada dio positivo a altos niveles de marihuana y metanfetamina al momento del percance. De acuerdo con el expediente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la acusada conducía en un estado de severa alteración psicofísica durante el incidente registrado el pasado 12 de abril, provocando que su unidad saliera de la carretera y que una de las menores saliera expulsada del habitáculo del automóvil.
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El pliego de cargos criminales emitido por la fiscalía del condado abarca un cargo por homicidio involuntario (manslaughter), tres cargos por poner en peligro a terceros de forma dolosa, un cargo por posesión o consumo de sustancias peligrosas y una imputación adicional por posesión de parafernalia de drogas. El caso estuvo rodeado de controversia institucional entre la fiscal de distrito, Rachel Mitchell, y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), luego de que la agencia federal asumiera la custodia temporal de Rivera Estrada debido a que las autoridades locales postergaron temporalmente el arresto mientras se concluían los complejos peritajes físicos de la colisión.
Los expedientes federales de control fronterizo indican que Rivera Estrada ingresó legalmente a los Estados Unidos por la aduana de Nogales, Arizona, en febrero del año 2009 bajo un permiso temporal de cruce fronterizo no inmigrante por 30 días; sin embargo, la implicada extendió su estancia de manera ilegal y ha permanecido en el país en condición de indocumentada desde entonces. Tras ser trasladada desde los centros de detención migratoria hacia las celdas de la Maricopa County Jail, un juez le impuso una fianza en efectivo de 250,000 dólares para enfrentar el juicio penal en su contra.
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