La polémica ley estatal SB 4, diseñada para permitir que la policía local y estatal arreste a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera, ha sido suspendida nuevamente por un tribunal federal. El fallo, emitido por el juez de distrito David Alan Ezra, llega apenas 24 horas antes de que la legislación entrara en efecto. La orden judicial preliminar detiene las provisiones que obligan a los jueces magistrados estatales a ordenar la deportación de convictos hacia México, así como la creación del delito estatal por entrada ilegal.
El juez Ezra, quien fue nombrado originalmente por el presidente Reagan, sostuvo en su fallo escrito que es “inverosímil imaginar que cada uno de los cincuenta estados de la Unión tenga su propia política de inmigración”. El magistrado reafirmó que estas atribuciones son poderes inherentes a los Estados Unidos como nación. Esta decisión responde a una demanda interpuesta por organizaciones como la ACLU y el Texas Civil Rights Project, quienes argumentan que la ley fomenta el perfilado racial y carece de defensas para personas con estatus legal pendiente o permisos federales de entrada.
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Por su parte, los líderes de Texas, encabezados por el gobernador y el fiscal general Ken Paxton, defienden la SB 4 bajo el argumento de que el estado tiene el derecho soberano de defender sus fronteras ante lo que califican como una “invasión”. Aunque los cruces ilegales han disminuido drásticamente desde los niveles récord de 2023, la oficina del fiscal general sostiene que la ley simplemente refleja la normativa federal vigente. Durante la audiencia, el estado también intentó desestimar el caso argumentando que la ley aún no se había aplicado y que el director del DPS, Freeman Martin, no había definido los protocolos de ejecución.
Mientras la batalla legal continúa, muchas agencias del orden en Texas ya operan bajo el programa 287(g), el cual permite a los oficiales colaborar con agentes federales para interrogar a individuos sobre su estatus migratorio durante labores policiales rutinarias. En términos estadísticos, estas colaboraciones han sido constantes: según datos de ICE, Texas lidera la participación nacional en este programa con 25 agencias activas, procesando a miles de individuos anualmente. El futuro de la SB 4 ahora depende de una probable apelación ante el Tribunal del 5.º Circuito, mientras las organizaciones civiles celebran el bloqueo como una victoria para la Constitución.
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