El Texas Juvenile Justice Department (TJJD) presentó un panorama alarmante ante el Comité de Justicia Criminal del Senado de Texas este martes. La directora ejecutiva de la agencia, Shandra Carter, testificó que el estado se enfrenta a una población de delincuentes juveniles significativamente más violenta que en años anteriores, lo que ha puesto en jaque la estructura de seguridad y los esfuerzos de rehabilitación en las instalaciones estatales.
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Según los datos presentados, las remisiones por homicidio al sistema juvenil aumentaron un 65% entre 2020 y 2025, mientras que los delitos relacionados con armas de fuego crecieron un 45%. Carter enfatizó que la rehabilitación es imposible si no existe un entorno seguro tanto para el personal como para los mismos menores bajo custodia. “No podemos rehabilitar sin seguridad, estructura y rendición de cuentas”, sentenció ante los legisladores.
Para abordar esta crisis, el TJJD solicitó a los legisladores considerar varias medidas urgentes:
- Aumento de la capacidad a nivel de condado: Para evitar el hacinamiento en las instalaciones estatales.
- Modernización de sentencias: Ajustar las leyes a la realidad actual de los delitos graves cometidos por menores.
- Consecuencias claras por agresión: Establecer sanciones firmes para quienes cometan actos violentos mientras están bajo custodia.
- Nuevas opciones de colocación: Diversificar los centros de atención para separar a los delincuentes más violentos del resto de la población.
Por su parte, expertos como Jenny Carroll, profesora de leyes en Texas A&M, destacaron que el problema se ve agravado por la escasez de personal y la falta de programas de capacitación especializados. A diferencia del sistema para adultos, los centros juveniles deben cumplir con la doble función de proveer seguridad y servicios educativos y sociales, una tarea que requiere una inversión mucho mayor en capital humano para interrumpir el ciclo de criminalidad de por vida.
Aunque los legisladores escucharon las propuestas y el testimonio del público, cualquier cambio legislativo o asignación de nuevos fondos deberá esperar hasta que la legislatura regrese a sesión en enero de 2027.
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