Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las recientes críticas de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. La mandataria estatal había acusado previamente al ejecutivo federal de proteger “a capa y espada” al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mientras se ataca a Chihuahua por combatir al crimen organizado. Ante esto, Sheinbaum fue tajante al declarar que “a nadie se le persigue si no hay pruebas”, rechazando cualquier trato preferencial por motivos de filiación política.
La Presidenta aprovechó el espacio para revertir los señalamientos, acusando al gobierno de Chihuahua de haber entablado una colaboración con agencias de seguridad de United States que violaría la Constitución Mexicana y la Ley de Seguridad Nacional. Estas declaraciones surgen tras el polémico accidente en el que dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida en suelo chihuahuense, revelando una coordinación con Washington que, según Sheinbaum, se realizó al margen del marco legal del país.
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En cuanto al caso de Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico en un tribunal de New York, Sheinbaum reiteró que México no ha bloqueado la cooperación internacional. Explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) analizó la solicitud de detención con fines de extradición, determinando que la información enviada por Washington no cumplía con los requisitos del Tratado de Extradición de 1978. Por lo tanto, el gobierno mexicano ha solicitado formalmente evidencia sólida antes de proceder con cualquier captura.
El diferendo entre ambas funcionarias subraya la creciente tensión entre el bloque oficialista y la oposición sobre la política de seguridad nacional. Mientras Maru Campos sostiene que el Gobierno Federal aplica la ley con un sesgo político, Sheinbaum insiste en que su administración se rige por el principio de legalidad y el respeto a la soberanía. El caso Rocha Moya continúa siendo un punto crítico en la relación bilateral con Estados Unidos, mientras la administración mexicana exige que todas las solicitudes diplomáticas se ajusten estrictamente a derecho.
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