El gobierno federal ha tomado una postura firme respecto al polémico operativo antinarcóticos realizado en la sierra de Chihuahua el pasado mes de abril. Durante su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) lidera una investigación profunda para esclarecer la participación de ciudadanos estadounidenses, presuntamente vinculados a la CIA, en actividades de seguridad pública dentro de territorio nacional. Según la mandataria, existen indicios claros de que se vulneró la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política de México al no notificar a las instancias federales sobre dicha colaboración.
El incidente que detonó la crisis diplomática y judicial ocurrió el 19 de abril, tras el desmantelamiento de un megaboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. Durante el repliegue del convoy, una camioneta sufrió un accidente en el que perdieron la vida el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, su escolta y dos civiles estadounidenses. El hecho de que personal extranjero estuviera involucrado directamente en acciones operativas de campo, sin el conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional o la FGR, ha generado una fuerte tensión entre el estado de Chihuahua y el Ejecutivo Federal.
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Sheinbaum explicó que, si bien la Fiscalía de Chihuahua mantiene su propia indagatoria técnica sobre el accidente y el aseguramiento del laboratorio, la FGR tiene la facultad de juzgar el fondo del asunto en materia de soberanía. La fiscalía federal ya ha comenzado a entrevistar a funcionarios estatales y personal de seguridad de la entidad para determinar bajo qué acuerdos o protocolos se permitió la entrada de los presuntos agentes extranjeros al operativo. La presidenta enfatizó que será la FGR quien informe sobre los avances y dicte si hubo omisiones graves por parte de las autoridades locales.
El laboratorio asegurado en El Pinal es considerado uno de los más grandes hallados en la historia reciente de México, con toneladas de precursores químicos y equipo de alta tecnología para la producción de fentanilo y metanfetaminas. Sin embargo, el éxito del operativo se ha visto ensombrecido por la falta de transparencia en la cadena de mando y la presencia de actores externos. Este caso refuerza el discurso de la actual administración sobre la necesidad de regular estrictamente la cooperación con agencias de inteligencia extranjeras, garantizando que ninguna operación comprometa la seguridad nacional o el marco constitucional vigente.
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