El futuro académico de Ammer Qaddumi, estudiante y organizador del Palestine Solidarity Committee (PSC), se encuentra en manos del juez de distrito Robert Pitman. Qaddumi busca que se elimine una suspensión de tres semestres de su expediente, argumentando que la universidad castigó su derecho a la libre expresión durante las protestas de abril de 2024. Aunque el estudiante tiene previsto graduarse este mes, la mancha en su historial académico representa una amenaza para sus futuras oportunidades laborales, un punto que el juez ha considerado relevante para el caso.
En su defensa oficial presentada este lunes, UT-Austin sostuvo que la sanción no se debió a la postura política del estudiante, sino a su conducta y al incumplimiento de las normativas institucionales. Funcionarios de la universidad testificaron que se le había ordenado al PSC cancelar la protesta por temor a disturbios similares a los ocurridos en Columbia University. Según la exdecana de estudiantes, Katie McGee, existía un “patrón de incumplimiento” por parte de Qaddumi al proceder con el evento a pesar de las órdenes explícitas de cancelación.
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La universidad fundamenta su posición legal en el “Tinker test”, un estándar derivado del caso histórico Tinker v. Des Moines (1969). Este precedente permite a las instituciones educativas limitar la libre expresión de los estudiantes si pueden demostrar que existe una “interrupción sustancial” de las actividades escolares. Los abogados de la institución argumentaron que las publicaciones en redes sociales sugerían la intención de establecer campamentos, lo que justificaba la intervención preventiva y el uso de equipo táctico por parte de las autoridades.
Por el contrario, la defensa de Qaddumi sostiene que el estudiante fue blanco de una discriminación selectiva por su mensaje a favor de Palestina. Los abogados presentaron pruebas de que Qaddumi instruyó a los manifestantes a no usar tiendas de campaña ni amplificadores de sonido para cumplir con las reglas. El juicio es visto como una prueba crucial sobre los límites de las universidades públicas para vigilar las protestas políticas bajo la Primera Enmienda, especialmente cuando las instituciones actúan de manera preventiva basándose en suposiciones de posibles disturbios.
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