El gobierno de Venezuela ratificó este lunes que el incremento del ingreso mínimo integral a 240 dólares mensuales no tendrá incidencia en el salario base de los trabajadores. El ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, explicó que el ajuste anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se implementará exclusivamente a través de bonos. De esta manera, el salario mínimo legal se mantiene en 130 bolívares, una cifra que, debido a la devaluación, equivale apenas a unos 27 centavos de dólar y permanece estática desde marzo de 2022.
La decisión de canalizar el aumento vía bonificaciones —conocida como “bonificación del salario”— tiene consecuencias directas en los derechos laborales. Al no tener carácter salarial, estos pagos no se consideran para el cálculo de vacaciones, aguinaldos ni las prestaciones sociales por antigüedad. El esquema actual se apoya en el “Bono de Alimentación” y el “Bono de Guerra Económica”, figuras que el Ejecutivo defiende como medidas coyunturales para frenar la inflación, pero que los gremios denuncian como una estrategia para despojar al trabajador de sus beneficios legales.
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El nuevo monto de 240 dólares representa un alza del 26% respecto al ingreso anterior, pero sigue siendo insuficiente frente al costo de la vida. Según datos del Cendas-FVM, la canasta alimentaria familiar para un hogar de cinco personas superó los 703 dólares en marzo de 2026. Esto implica que, incluso con el ajuste, una familia trabajadora apenas puede cubrir un tercio de sus necesidades nutricionales básicas, dejando a sectores como los jubilados —quienes perciben alrededor de 70 dólares— en una situación de extrema vulnerabilidad.
La economía venezolana enfrenta este ajuste con una inflación acumulada del 71,8% en el primer trimestre de 2026 y una tasa anualizada que ronda el 649%. A pesar de una leve recuperación en el Producto Interno Bruto tras una caída histórica, el país mantiene a cerca de siete millones de personas en la informalidad laboral. Mientras los sindicatos y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) exigen un salario real de al menos 200 dólares, el Estado insiste en que los recursos son finitos y que un aumento formal dispararía nuevamente la hiperinflación.
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