Una anciana de 79 años fue arrestada y acusada formalmente en Arizona por el homicidio en primer grado de su padrastro, un crimen que permaneció oculto durante más de cinco décadas. El Departamento del Alguacil del Condado de Pima (PCSO) informó que la detenida, identificada como Carol Ann Beall, no solo le habría quitado la vida a la víctima en 1975, sino que además habitó su residencia ilegalmente y subsistió durante medio siglo cobrando de manera fraudulenta sus fondos de jubilación.
La víctima, William Reginald Sipfle, desapareció a la edad de 73 años; sin embargo, en un giro inusual, ni sus familiares ni sus conocidos presentaron jamás un reporte oficial de desaparición ante las corporaciones policiales de la época. Paralelamente, en octubre de 1975, trabajadores de una estación de transferencia de residuos del condado localizaron restos humanos óseos en una zona desértica. En aquel momento, debido a las severas limitaciones tecnológicas de la ciencia forense de los años setenta, los peritos criminalistas solo pudieron determinar que los restos pertenecían a un varón, archivando el expediente como un caso sin resolver (cold case).
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La línea de investigación dio un vuelco drástico al reexaminarse los archivos antiguos y cruzarse con registros laborales. Los detectives identificaron que Beall, hijastra de Sipfle, trabajaba en un museo ubicado precisamente en la misma zona geográfica donde se habían abandonado los restos óseos en 1975, lo que la convirtió en la principal sospechosa de la trama criminal.
Tras su captura efectuada el pasado jueves 28 de mayo, la fiscalía del estado reveló durante la primera comparecencia virtual de la acusada que Beall hizo de la muerte de su padrastro su principal fuente de financiamiento. La imputada permaneció en la vivienda del fallecido por más de 50 años, falsificando firmas y declaraciones para acaparar y gastar la pensión privada y los cheques de los beneficios del Seguro Social del hombre. De acuerdo con informes de la revista PEOPLE, un juez de control le impuso a la septuagenaria una fianza de 500,000 dólares para poder llevar su proceso penal en libertad, ordenando su reclusión inmediata en el centro de detención local.
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