El Distrito Escolar Independiente de Austin (Austin ISD) hizo pública una propuesta de ajuste financiero que contempla una reducción de casi $6 millones de dólares en el presupuesto asignado a su propio departamento de policía. El plan del organismo educativo implica la eliminación formal de aproximadamente la mitad de las plazas totales adscritas a dicha corporación de seguridad escolar, en un esfuerzo administrativo por mitigar la severa crisis financiera que atraviesa la institución de la capital de Texas.
En términos operativos, la propuesta técnica estipula la supresión definitiva de 40 plazas de oficiales de policía de un departamento que cuenta con una plantilla nominal de 82 elementos. A pesar de que la cifra representa un impacto estructural considerable, las autoridades educativas precisaron en los documentos financieros que las 40 plazas seleccionadas para el recorte administrativo ya se encontraban vacantes “sobre el papel”. Con esta reestructuración contable, el distrito escolar proyecta generar un ahorro neto de poco menos de $6 millones de dólares anuales.
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Este drástico ajuste presupuestal se presenta en un escenario complejo, dado que la legislación estatal de Texas exige de manera obligatoria que cada plantel educativo cuente con la presencia permanente de al menos un guardia de seguridad armado. Dicho mandato fue aprobado por la Legislatura de Texas en el año 2023 tras la masacre en la Escuela Primaria Robb de Uvalde. Desde su promulgación, la normativa ha sido criticada por los superintendentes debido a la falta de financiamiento centralizado, ya que el estado asigna únicamente cerca de $21,000 dólares por plaza, mientras que los distritos argumentan que el costo real de un policía escolar oscila entre los $60,000 y $70,000 dólares anuales.
Hasta el momento, los directivos de Austin ISD no han emitido declaraciones públicas específicas sobre los mecanismos alternos que implementarán para cumplir con la normatividad de seguridad estatal tras la reducción de personal. Durante una sesión pública con la comunidad y padres de familia, el superintendente Matías Segura externó su pesar ante la situación económica de la institución, reconociendo el impacto emocional y laboral que generan estas difíciles decisiones en la plantilla docente y estudiantil, las cuales forman parte de un paquete de recortes masivos diseñados para subsanar un déficit presupuestario global de $181 millones de dólares.
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