La vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció este domingo la creación de una comisión especial encargada de inspeccionar la infraestructura habitacional tras el severo doblete sísmico del pasado miércoles. El equipo técnico, integrado por organismos del Estado, colegios de ingenieros y especialistas universitarios, evaluará casas, edificios públicos, puentes y carreteras en las zonas de desastre. El objetivo principal es dictaminar cuáles estructuras son aptas para el retorno de la población a través de un sistema de clasificación de riesgo tipo “semáforo”, el cual marcará con color verde los inmuebles habitables, en amarillo los que requieran reparaciones previas y en rojo aquellos con daño estructural severo que representen un peligro inminente.
Como medida preventiva colateral, Rodríguez confirmó la prórroga de la suspensión de las actividades escolares por una semana adicional en todo el territorio afectado, con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes mientras concluyen los peritajes en las plantas educativas. Asimismo, se formalizó una segunda instancia gubernamental presidida por el titular de la Asamblea del régimen, Jorge Rodríguez, y articulada junto al Ministerio de Hábitat y Vivienda; este grupo gestionará la instalación de campamentos temporales de refugio y planificará nuevos proyectos urbanísticos para reubicar de manera definitiva a las miles de familias cuyos hogares queden catalogados en pérdida total.
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En el plano de los servicios básicos, el balance oficial emitido desde el canal estatal VTV reflejó una recuperación parcial en el estado La Guaira, epicentro de la catástrofe: el suministro eléctrico se restableció en un 75%, el servicio de agua potable alcanzó un 68% de operatividad y la red vial principal reabrió en un 90%. Respecto a las operaciones de emergencia en estructuras colapsadas, las autoridades notificaron el rescate de 33 personas con vida gracias al trabajo de brigadas nacionales e internacionales. Sin embargo, los datos consolidados de la tragedia aumentaron de forma alarmante, situando la cifra de víctimas fatales en 1,450 personas, los heridos en 3,150 y el número de familias damnificadas en 12,721.
A la par de los anuncios oficiales, la tensión social y el descontento civil escalaron en varias localidades de La Guaira, como Tanaguarena y Caraballeda, debido a la lentitud percibida en las labores de remoción de escombros. Voluntarios y familiares de las víctimas encararon a los contingentes militares desplegados en los perímetros de seguridad, reclamándoles que portaran armamento de guerra y fusiles en lugar de herramientas de salvamento. Ante la presión de los manifestantes, quienes exigieron a gritos “bajar las armas y tomar las palas”, los uniformados se vieron obligados a deponer su postura de vigilancia pasiva para incorporarse activamente con picos y herramientas a las tareas de búsqueda de supervivientes.
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