El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) emitió una fuerte exigencia dirigida al gobierno estatal de Virginia para que entregue a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a un ciudadano indocumentado tras cumplir su sentencia de prisión. El reclamo de la administración federal surge inmediatamente después de que el sistema judicial dictara una condena de 25 años de cárcel contra el sujeto, identificado como Aroldo Santos-Velasquez, de 49 años, hallado culpable de abusar sexualmente de una niña de 8 años en el poblado de Leesburg. Lauren Bis, secretaria adjunta interina del DHS, criticó de forma abierta las políticas de jurisdicción santuario implementadas en la entidad y demandó garantías para que el agresor sea expulsado de territorio estadounidense de manera definitiva una vez saldada su deuda con la justicia estatal.
De acuerdo con los reportes oficiales compartidos por el DHS, Santos-Velasquez poseía antecedentes por haber cruzado ilegalmente la frontera en el estado de Texas durante el año 2014, fecha en la que fue expulsado formalmente del país; no obstante, el individuo incurrió posteriormente en un delito grave federal al reingresar de forma clandestina en una fecha y locación desconocidas. La investigación penal contra el indocumentado comenzó en mayo de 2024, cuando la madre de la víctima denunció las agresiones ante el Leesburg Police Department. La Oficina del Fiscal de la Mancomunidad del Condado de Loudoun comprobó ante el tribunal que el acusado perpetró los abusos en presencia de otro menor de edad, un escenario calificado por las autoridades judiciales locales como aberrante y totalmente fuera de los márgenes de la civilidad humana.
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Durante la audiencia resolutiva celebrada el pasado 28 de mayo de 2026 ante la Corte de Circuito del Condado de Loudoun (Loudoun County Circuit Court), el juez de la causa, de apellido Fisher, impuso la pena máxima estipulada por la ley, correspondiente a 25 años de confinamiento efectivo en el Departamento de Correccionales de Virginia, desestimando cualquier posibilidad de suspensión de la pena. La fiscalía estatal, representada por la procuradora Amelia Flynn, argumentó con éxito que el castigo severo era indispensable para restituir la percepción de seguridad física de las víctimas. Adicionalmente, el fallo judicial obliga a Santos-Velasquez a inscribirse en el padrón de agresores sexuales de por vida, lo que restringe sus movimientos futuros si lograra salir en libertad.
La controversia ha adquirido un fuerte tinte político debido a las directrices implementadas por la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien firmó decretos ejecutivos para prohibir la cooperación de las fuerzas estatales con los agentes de ICE y disolver los convenios de seguridad compartida bajo el programa 287(g). El DHS denunció que estas decisiones de carácter santuario han convertido al estado en un foco de delincuencia por extranjeros con estatus irregular, enumerando múltiples detenciones recientes por delitos graves y abusos de menores acaecidos en condados como Prince William, Franklin y Fairfax. En contraste, la Oficina del Alguacil del Condado de Loudoun (Loudoun County Sheriff’s Office), liderada por el jefe policial republicano Mike Chapman, mantiene activo su acuerdo de colaboración con ICE, lo que facilitó el procesamiento inicial del criminal.
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