El Comité de Educación Pública de la Cámara de Representantes de Texas celebró una audiencia clave este lunes para escuchar de primera mano la crisis financiera que asfixia a los distritos escolares del estado. Las declaraciones de los educadores ocurren a pesar de la implementación de la House Bill 2 (HB 2), una legislación aprobada en 2025 que inyectó 8,000 millones de dólares para compensación docente, educación especial y seguridad escolar, además de elevar en 55 dólares la asignación general por estudiante. Sin embargo, los líderes escolares argumentaron que este subsidio ha sido completamente devorado por la inflación y el incremento desmedido en los costos de operación.
Durante la sesión, directivos de distritos de distintas escalas geográficas expusieron realidades alarmantes. Paul Neuhoff, director financiero de Navarro ISD, detalló ante los legisladores que los seguros de salud y de propiedad, los combustibles, los servicios públicos y las tasas de jubilación han aumentado a un ritmo insostenible, por lo que urgió al estado a indexar las asignaciones escolares directamente con el Índice de Precios al Consumidor de Texas. Por su parte, Alejos Salazar, superintendente de Lasara ISD —un pequeño distrito rural en el condado de Willacy—, ilustró la vulnerabilidad de las zonas marginadas al comparar su administración con la de una familia que “vive de cheque en cheque”, recordando a los legisladores que las comunidades rurales dependen enteramente de las decisiones fiscales de Austin para educar a sus niños.
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La crisis también golpea con fuerza a las grandes urbes. El distrito de Austin ISD enfrenta un agresivo déficit presupuestario de 181 millones de dólares para el próximo ciclo escolar, impulsado por la caída en la matrícula y la recaudación fiscal, lo que obligará a realizar recortes masivos en personal y oficinas centrales. Al respecto, la representante estatal Gina Hinojosa (D-Austin) alertó que el distrito destina actualmente el 25% de su presupuesto global para cumplir con los requisitos estatales de educación especial, una carga financiera que calificó de “insostenible”.
La audiencia también sirvió de escenario para que los legisladores cuestionaran duramente a la Agencia de Educación de Texas (TEA) debido a las discrepancias entre las proyecciones de fondos que los distritos estimaban recibir y el dinero real que ha impactado en las aulas. El representante Jeff Leach (R-McKinney) catalogó la impredecibilidad de las fórmulas de financiamiento como un “problema mayor” que debe corregirse de cara a la próxima sesión legislativa. En defensa de la agencia, Amy Copeland, jefa de finanzas de la TEA, argumentó que los vaivenes presupuestarios responden a que el sistema procesa datos de matriculación y asistencia en tiempo real, lo que hace que los números de cada distrito fluctúen de forma natural durante el ciclo de pagos. Esta ronda de testimonios servirá de base para las discusiones de la 90.ª Sesión Legislativa de Texas, programada para iniciar en enero.
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