El debate en torno al acceso a los medicamentos para interrumpir el embarazo regresó formalmente al Capitolio de Texas durante una audiencia del Comité de Asuntos Estatales del Senado. En la sesión, presidida por el republicano Bryan Hughes, se evaluaron los efectos y recomendaciones futuras sobre la Ley de la Cámara de Representantes 7 (HB 7), aprobada el verano pasado en una sesión extraordinaria. Esta estricta legislación prohíbe la fabricación, el envío por correo y la distribución de píldoras abortivas (como la mifepristona), limitando su uso exclusivamente a emergencias médicas extremas y activando un polémico sistema de demandas civiles para perseguir a proveedores fuera de las fronteras estatales.
Durante la jornada parlamentaria, activistas en contra del aborto testificaron que las leyes actuales todavía no son suficientes para frenar el flujo de estos fármacos. John Seago, presidente de Texas Right to Life, instó a los legisladores a seguir explorando mecanismos punitivos para blindar al estado frente a las redes clandestinas de distribución. Por su parte, directivas de centros asistenciales provida recalcaron ante el comité la necesidad de implementar más candados legales para bloquear los canales de distribución remota y asegurar la protección total del no nacido, una prioridad de cara a la próxima sesión legislativa ordinaria de enero.
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En contraste, las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos, entre ellas Planned Parenthood Texas y Avow Texas, realizaron manifestaciones previas para denunciar el marco de persecución legal implantado por la HB 7. Raven Freeborn, directora ejecutiva de Avow, argumentó ante el panel que la intención de esta ley es sembrar miedo y confusión institucionalizada para forzar a las mujeres a cumplir normativas que consideran crueles, en lugar de legislar para ampliar el acceso a servicios de salud pública integrales y asequibles. Las activistas insistieron en que estas prohibiciones van en contra de las necesidades reales de salud de la población femenina.
La sesión coincidió con la víspera del cuarto aniversario del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que revocó las protecciones constitucionales de Roe v. Wade, detonando la prohibición casi total del aborto en territorio tejano. El panorama legislativo se complementa con encuestas recientes del Texas Politics Project, las cuales revelan que poco más de la mitad de los residentes de Texas apoyan que las mujeres puedan recibir píldoras abortivas recetadas por médicos de otros estados donde el procedimiento es legal. Sin embargo, la profunda polarización partidista y la firme postura de la mayoría republicana perfilan el endurecimiento de los controles fronterizos de medicamentos como una de las prioridades legislativas prioritarias.
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