En lo que representa un marcado viraje en la política económica y de relaciones laborales de Venezuela, el gobierno interino de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, emitió una providencia oficial que reduce sustancialmente las facultades operativas de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (CPTT). Esta figura legal, instaurada originalmente bajo el mandato de Nicolás Maduro, era fuertemente cuestionada por los gremios empresariales, los cuales denunciaban de manera reiterada que dichos comités vulneraban el derecho a la propiedad privada, ponían en riesgo el secreto industrial y resquebrajaban la estabilidad interna de los centros de trabajo.
La nueva normativa —suscrita por el ministro del Trabajo, Carlos Castillo Ascanio— estipula de forma explícita que los CPTT asumirán a partir de ahora facultades “exclusivamente consultivas, de asesoramiento, recomendación y coadyuvancia al empleador”. El marco administrativo aclara de manera contundente que las determinaciones e informes emanados por estos organismos de base carecerán de fuerza vinculante, así como de cualquier potestad decisoria, coactiva, punitiva o sancionatoria hacia las empresas. Con esta reforma contable y funcional, la gestión de Rodríguez busca dar certidumbre a la inversión extranjera y destrabar las mesas de negociación con las cúpulas comerciales del país.
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La ley original de los CPTT poseía rango constitucional tras haber sido aprobada en febrero de 2018 por la polémica Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dándole un rol fiscalizador a grupos de hasta siete trabajadores (incluyendo un miembro de la Milicia Bolivariana) para controlar y vigilar los procesos de producción, distribución y comercialización de bienes en todas las empresas. El instrumento emitido este año suprime de tajo el carácter supervisor del texto original; la providencia prohíbe taxativamente que los integrantes del consejo intervengan en decisiones de contratación, traslados, despidos de personal, o que funjan como mediadores en quejas laborales ordinarias, redefiniendo sus fines hacia el fomento de un “clima de relaciones laborales armoniosas”.
Este reordenamiento de los marcos laborales del país se produce meses después de la salida del poder de Nicolás Maduro y el inicio de lo que Delcy Rodríguez definió como un “nuevo momento político” orientado al pragmatismo económico. De acuerdo con análisis de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, la providencia entierra el antiguo lenguaje ideológico enfocado en la construcción de un modelo socialista para sustituirlo por el respeto irrestricto al principio de la libertad de empresa. Asimismo, el cambio normativo responde a las discusiones del Foro de Diálogo Social auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde cámaras como Fedecámaras urgían la regulación de estos comités para sanear el clima de inversión nacional.
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