La relación bilateral entre Estados Unidos y México enfrenta un nuevo periodo de tensión diplomática tras las recientes declaraciones de la cúpula del gobierno estadounidense respecto a la estrategia de seguridad y el combate a las organizaciones transnacionales del narcotráfico. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó en una entrevista televisiva que la administración norteamericana está dispuesta a recurrir a la acción militar si se considera estrictamente necesario para la protección de sus ciudadanos, abriendo la posibilidad de realizar despliegues operativos dentro de territorio mexicano.
Al ser cuestionado sobre si su gobierno respetará la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de impedir cualquier tipo de intervención extranjera, Vance evitó dar una respuesta negativa y prefirió enfatizar que, si bien la prioridad de la Casa Blanca es coordinarse directamente con las instituciones de seguridad mexicanas, el Estado estadounidense tiene la obligación de reservarse el derecho de movilizar activos militares de manera unilateral. El vicepresidente acusó además que las administraciones anteriores permitieron que los cárteles de la droga acumularan un poder financiero desmedido mediante flujos provenientes del tráfico de fentanilo y la explotación sexual en territorio estadounidense, por lo que el objetivo actual es asfixiar sus estructuras financieras.
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Casi de forma simultánea, el presidente Donald Trump endureció la retórica oficial al asegurar públicamente que el gobierno mexicano ha perdido por completo el control territorial y que las bandas del crimen organizado ejercen el poder real en el país. El mandatario describió a los cárteles como las entidades que dirigen los hilos del país y calificó a la presidenta Sheinbaum como una mujer asustada ante el control fáctico de los grupos delictivos. Trump aprovechó su intervención para anunciar una reconfiguración de los operativos de vigilancia en los cruces terrestres fronterizos, vinculando el éxito de su política económica y el mercado bursátil con la reducción de las rutas del narcotráfico.
Por su parte, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura firme de rechazo absoluto ante cualquier amago de intervención militar por parte de Washington, catalogando dicha posibilidad como una violación inadmisible a la soberanía nacional. En sus comparecencias públicas, la mandataria mexicana ha sostenido que las fuerzas federales actúan de manera autónoma contra el crimen organizado y ha demandado que se respete el principio de responsabilidad compartida, exigiendo que Estados Unidos implemente medidas severas para frenar el tráfico ilegal de armas de fuego de alta potencia que ingresan a México y que nutren la capacidad de fuego de los cárteles.
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