El gobierno del estado de Nueva Jersey escaló el conflicto en torno al centro de detención migratoria Delaney Hall al presentar una demanda formal contra GEO Group, la corporación privada encargada de operar las instalaciones en Newark. La acción legal, promovida por la fiscal general Jennifer Davenport en representación del Departamento de Salud estatal, fue radicada ante el Essex County Superior Court con el objetivo de que un juez emita una orden de apremio que obligue a la empresa a permitir el ingreso inmediato e irrestricto de los inspectores sanitarios a todas las áreas del recinto.
La ofensiva judicial se fundamenta en un estatuto de salud pública que otorga al comisionado estatal la facultad de fiscalizar cualquier edificación si existen sospechas fundadas de violaciones al código sanitario. La denuncia describe un escenario alarmante en el interior del centro, citando problemas severos de hacinamiento, deficiencias críticas en la ventilación y los sistemas de climatización, alimentos en estado de descomposición y la propagación sin control de enfermedades contagiosas como el COVID-19 y la influenza. El comisionado de salud, Raynard Washington, enfatizó de manera tajante que cualquier complejo habitacional o de custodia en la entidad debe cumplir rigurosamente con los estándares legales mínimos para mitigar riesgos colectivos.
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El expediente incorpora además testimonios recabados por legisladores federales como el senador Andy Kim y el representante Rob Menendez, quienes visitaron el complejo en el marco de las huelgas de hambre que mantienen los internos. Los reportes parlamentarios consignados en el litigio exponen casos de negligencia médica de extrema gravedad, destacando el testimonio de una mujer embarazada que carece de atención ginecológica y el de otra interna que sufrió un aborto espontáneo dentro de las celdas sin recibir asistencia profesional, viéndose obligada a atender la emergencia biológica por sus propios medios.
La crisis legal se agudizó luego de que la semana pasada directivos de GEO Group bloquearan el paso de las brigadas de inspección del estado, permitiéndoles únicamente revisar las cocinas y restringiendo el acceso a los pabellones médicos, sanitarios y zonas de dormitorio. Aunque el secretario del Department of Homeland Security (DHS), Markwayne Mullin, ha rechazado públicamente las acusaciones, las autoridades de Nueva Jersey sostienen que la opacidad del operador privado impide determinar el riesgo epidemiológico real. Paralelamente, la tensión externa se mantiene en niveles críticos, obligando a la gobernadora Mikie Sherrill a sostener el despliegue de la New Jersey State Police en el perímetro y al alcalde Ras Baraka a mantener vigentes los toques de queda en las calles aledañas de Newark.
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