El caso judicial contra el adolescente de 17 años acusado de coprotagonizar una violenta serie de tiroteos en el área metropolitana de Austin ha dado un giro severo. Según nuevos documentos de la corte civil, Cristian Fajardo Mondragón enfrenta ahora cargos adicionales por terrorismo, una tipificación penal que en el estado de Texas se aplica cuando los actos delictivos tienen la intención explícita de intimidar a la población, coaccionar al gobierno o sembrar un clima de pánico generalizado. Mondragón ya se encontraba tras las rejas enfrentando múltiples cargos graves por asalto agravado con arma de fuego y conducta mortal.
La investigación realizada por el Departamento de Policía de Austin (APD) logró conectar un total de 12 tiroteos dentro de los límites de la capital de Texas y uno más en la localidad vecina de Buda, ocurridos durante un lapso de 36 horas entre el 16 y el 17 de mayo pasados. Los análisis balísticos forenses confirmaron que en todos los ataques se utilizó la misma arma de fuego, la cual presuntamente había sido robada de una armería en el sur de Austin. La ola de violencia dejó un saldo de cuatro personas heridas, cuantiosos daños en viviendas y vehículos particulares, y el impacto de balas contra dos estaciones del Departamento de Bomberos de Austin (AFD).
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La declaración jurada de la policía detalla que los criminales utilizaron una flotilla de vehículos robados, los cuales intercambiaban de manera constante para burlar los cercos de las patrullas. Las agresiones armadas contra la infraestructura de rescate no solo forzaron a las autoridades a emitir órdenes de resguardo (shelter-in-place) para los habitantes en varios sectores de la ciudad, sino que afectaron las operaciones de seguridad pública debido a que las dos estaciones de bomberos baleadas tuvieron que ser puestas fuera de servicio de forma temporal para evaluar los daños estructurales.
Mondragón fue detenido el pasado 17 de mayo junto con otros dos sospechosos, de 15 y 16 años de edad, tras una persecución vehicular a alta velocidad que concluyó en el municipio de Manor; las identidades de estos últimos se mantienen bajo reserva debido a su condición legal de menores de edad. Para sustentar el cargo de terrorismo, el equipo de fiscales e investigadores recopiló un robusto expediente con base en videos de cámaras de vigilancia, publicaciones e interacciones en redes sociales, rastreo de datos de geolocalización telefónica y pruebas científicas de balística, demostrando que los ataques no fueron aislados, sino coordinados para desestabilizar la paz comunitaria.
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