El anuncio del gobierno interino de Delcy Rodríguez sobre el inicio de un proceso formal para reestructurar la deuda pública externa de la República y PDVSA ha chocado de frente con la falta de transparencia del Estado. Tras el devastador doble terremoto del 24 de junio, la necesidad de sanear los pasivos financieros se volvió prioritaria para encarar trabajos de reconstrucción estimados en más de 12.000 millones de dólares; sin embargo, cifras publicadas por medios internacionales como Financial Times sitúan las obligaciones totales del país en cerca de 240.000 millones de dólares, un monto del que no existen registros o auditorías oficiales exactas.
Economistas y la Academia Nacional de Ciencias Económicas advierten que la opacidad técnica impedirá formular una propuesta de canje legalmente sólida. Venezuela suma 22 años sin realizar la evaluación macroeconómica del Artículo IV con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un aval técnico indispensable para definir la sostenibilidad real de las obligaciones. Dado que cerca del 87% de los títulos de la República y de la petrolera estatal se rigen bajo la legislación del estado de Nueva York, la ley exige revelar toda la información financiera relevante a los inversores, un requisito imposible de cumplir cuando ni el propio Estado maneja el cuadro completo de lo que debe.
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El obstáculo más complejo para la renegociación radica en la procedencia ilícita de una parte importante de los títulos que hoy circulan en el mercado financiero global. Sentencias de tribunales federales en Estados Unidos han demostrado que dos ex Tesoreros Nacionales de Venezuela cobraron millonarios sobornos para permitir que redes de corrupción adquirieran bonos del Tesoro pagados en bolívares a la tasa oficial sobrevaluada, para luego revenderlos en el mercado paralelo internacional. Esta contaminación de origen dificulta cualquier oferta de canje, ya que las condenas por lavado de dinero descansan en los mismos tribunales neoyorquinos encargados de tutelar la reestructuración.
A este panorama se suma la clasificación de la Unión Europea sobre Venezuela como una jurisdicción de alto riesgo por blanqueo de capitales, lo que obliga a la banca europea a verificar minuciosamente el origen de cualquier activo antes de procesarlo. Especialistas señalan que ejecutar una reestructuración apresurada y sin la debida solvencia legal expone al país al riesgo de impugnaciones masivas en tribunales internacionales y a un prolongado aislamiento financiero, dejando en el aire la viabilidad económica necesaria para la recuperación social del país.
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