La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México condenó de manera enérgica la muerte de 17 ciudadanos mexicanos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) o durante operativos migratorios en Estados Unidos. El organismo autónomo exigió a través del comunicado oficial DGDDH/072/2026 que se lleven a cabo investigaciones prontas, imparciales y transparentes para deslindar responsabilidades, asegurando que la protección de los derechos de los migrantes es una obligación internacional que no admite excepciones.
De acuerdo con los datos presentados, los fallecimientos acumulados ocurrieron en su totalidad en el contexto de las políticas migratorias endurecidas de la administración estadounidense. De las 17 víctimas mortales registradas, 14 perdieron la vida dentro de las instalaciones de los centros de detención y tres fallecieron durante redadas de captura. Entre los incidentes más recientes del año destaca la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador agrícola originario de Oaxaca que falleció el pasado 7 de julio tras recibir un impacto de bala por parte de un agente del ICE en Houston, Texas.
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La CNDH advirtió que las políticas orientadas a la deportación masiva y el blindaje fronterizo incrementan exponencialmente riesgos críticos como la separación de familias, detenciones arbitrarias prolongadas, tratos crueles y la pérdida de vidas humanas. Paralelamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, liderada por Roberto Velasco, inició una ofensiva legal que incluye la preparación de denuncias ante el Departamento de Justicia de EE. UU., fiscalías estatales y una notificación formal ante Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las medidas jurídicas y diplomáticas emprendidas por la Cancillería mexicana, descartando que esta legítima defensa de los connacionales ponga en riesgo la relación bilateral y comercial con Washington. La mandataria federal enfatizó que el gobierno mexicano mantendrá los canales de cooperación y el diálogo en materia comercial y de seguridad, pero recalcó que es un deber ético e ineludible levantar la voz con firmeza ante cualquier violación sistemática a los derechos humanos de sus ciudadanos en el extranjero.
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