La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley conocido como KIDS Act con una votación de 267 a 117. El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, aplaudió el resultado calificando la legislación bipartidista como un avance histórico que frenará los abusos de las corporaciones tecnológicas (Big Tech), empoderará a los padres de familia y blindará la libertad de expresión. Sin embargo, la resolución encendió las alarmas entre las principales coaliciones de defensa de los derechos de la infancia y la seguridad digital, quienes catalogaron la reforma como una “decepción edulcorada” que no protegerá de forma real a los niños y adolescentes en el entorno virtual.
La organización Common Sense Media, junto a más de 90 asociaciones civiles, acusó a los legisladores de ceder ante el cabildeo de Silicon Valley. La principal manzana de la discordia radica en que el texto de la Cámara de Representantes eliminó por completo el principio del “deber de diligencia” (duty of care). Esta omisión no solo debilita el alcance regulatorio, sino que la iniciativa de ley estipula de forma explícita que no se impondrá dicha obligación a las plataformas. Los activistas advierten que esta redacción jurídica entorpecerá la capacidad de las familias afectadas para buscar reparación de daños o emprender acciones legales colectivas ante los tribunales de justicia.
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El concepto del “deber de diligencia” sí se mantiene blindado en una versión rival que se disputa en el Senado, promovida por el demócrata Richard Blumenthal y la republicana Marsha Blackburn. Ambos senadores emitieron un duro pronunciamiento conjunto en el que calificaron la propuesta de la Cámara Baja como una “pálida imitación de rendición de cuentas”. Explicaron que este principio es el único mecanismo legal que obligaría a las empresas de redes sociales a mitigar y prevenir de raíz los daños psicológicos y financieros que causan sus productos a los menores, forzando a la Comisión Federal de Comercio (FTC) y a los desarrolladores a auditar proactivamente sus propios algoritmos.
Además de la supresión del duty of care, los defensores de la seguridad juvenil argumentan que la KIDS Act recortó las protecciones contra el diseño adictivo de las aplicaciones, limitando los castigos contra los sistemas de notificaciones que fomentan el uso compulsivo. Asimismo, la propuesta de la Cámara de Representantes dejó fuera de la regulación a los videojuegos en línea, las plataformas de mensajería instantánea y los servicios de streaming de video, nichos digitales donde los expertos documentan altas tasas de acoso escolar, ciberacoso y explotación infantil. El debate se traslada ahora al Senado, donde los promotores de la versión estricta prometieron no dar luz verde a reformas que consideran “huecas”.
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