La ordenanza de conservación de árboles de la ciudad de Austin enfrenta un nuevo desafío legal en los tribunales federales, luego de que un propietario fuera sancionado con una tarifa de mitigación de $8,800 tras realizar trabajos de mantenimiento rutinarios en la vegetación de su parcela. La demanda, entablada por la organización jurídica Texas Public Policy Foundation (TPPF) en representación del residente Michael Petrick, sostiene que la aplicación de esta normativa violó de forma directa la Constitución de los Estados Unidos al imponer condiciones de permisos inconstitucionales y confiscar propiedad privada sin brindar una compensación justa.
El conflicto se originó cuando Petrick adquirió su vivienda en el año 2025 y contrató a una empresa especializada para arreglar tres ejemplares en su jardín. Uno de los árboles presentaba una fisura estructural grave en el tronco, mientras que los otros dos tenían ramas de gran tamaño que se extendían peligrosamente hacia la calle e interferían de forma directa con las líneas del tendido eléctrico. Por razones de seguridad, el propietario ordenó la remoción del ejemplar dañado y solicitó un corte de mantenimiento para los dos restantes, sin anticipar que una labor básica de jardinería provocaría la intervención inmediata de los inspectores municipales.
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Meses después de las labores, la ciudad de Austin determinó formalmente que los dos árboles podados habían sido sometidos a un recorte excesivo. Bajo los criterios del reglamento forestal local, podar más del 25% del follaje de un árbol durante un mismo ciclo de crecimiento se clasifica legalmente como la remoción total del ejemplar, debido al impacto potencial que esto genera en su supervivencia a largo plazo. Con base en esta normativa, el municipio le exigió a Petrick plantar nuevos ejemplares de reemplazo o pagar una suma calculada a razón de $200 por cada pulgada de diámetro del tronco, lo que sumó un total de 44 pulgadas combinadas y derivó en la costosa sanción financiera de $8,800.
La defensa legal del afectado argumenta que la medida es desproporcionada y punitiva, remarcando que los árboles continúan completamente vivos, verdes y en perfecto estado de salud. Por su parte, portavoces de la ciudad de Austin señalaron que aún no han recibido la notificación formal de la demanda, pero defendieron la importancia de la ordenanza, explicando que las tarifas recaudadas se destinan a programas de donación comunitaria de plantas y subsidios ambientales con el objetivo de cubrir el 50% de la canopia urbana para el año 2050.
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