El condado de Gillespie, Texas, enfrenta una demanda civil interpuesta por una madre de seis hijos que acusa al exoficial de la oficina del alguacil, Edward Holloway III, de haberla agredido sexualmente en múltiples ocasiones mientras este se encontraba en horario de servicio. Según el expediente presentado ante los tribunales, la víctima se había refugiado en la localidad de Fredericksburg en el verano de 2025 huyendo de las amenazas de violencia física de su esposo. A pesar de contar con una orden de protección judicial, el cónyuge utilizaba solicitudes policiales de verificación de bienestar (welfare checks) para rastrear su ubicación, lo que propició el contacto inicial con Holloway, quien acudió a atender uno de estos llamados oficiales.
La demanda detalla que el entonces oficial comenzó a agendar encuentros adicionales con la mujer bajo el pretexto de dar seguimiento a su caso, desviando de manera deliberada las conversaciones hacia aspectos íntimos de su vida conyugal. A finales de julio de 2025, Holloway la trasladó a su patrulla oficial de madrugada bajo la excusa de discutir los términos de la custodia de sus hijos, lugar donde presuntamente comenzó a realizar tocamientos forzados. Días después, el oficial regresó durante un turno nocturno, le mostró las armas de su chaleco táctico, la esposó y la obligó a realizar actos sexuales dentro de la unidad policial, consumando agresiones adicionales en las instalaciones sanitarias del parque de remolques donde residía la afectada.
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La víctima alegó que se sintió coaccionada a mantener comunicación a través de mensajes de texto debido al control directo que Holloway ejercía sobre el caso contra su esposo y al conocimiento que tenía del paradero de sus hijos. Cuando ella intentó cortar el contacto, el agente comenzó a acecharla e intimidarla, presentándose incluso en entrevistas forenses de los menores sin ser el investigador asignado. Tras abandonar la localidad por motivos de seguridad, la mujer rechazó reunirse en privado con las corporaciones policiales locales para entregar sus evidencias físicas y decidió canalizar formalmente su denuncia ante las agencias del FBI y los Texas Rangers.
Tras revelarse la investigación, el condado de Gillespie despidió a Holloway y reconoció públicamente que el exoficial abusó de su cargo para mantener encuentros sexuales en horas de trabajo. Actualmente, Holloway enfrenta cargos penales por uso indebido de información oficial, abuso de capacidad oficial y manipulación de evidencia física. La demanda civil acusa al condado de negligencia sistemática y de mantener una práctica deficiente de supervisión y depuración en sus procesos de contratación, argumentando que Holloway ya poseía antecedentes negativos en corporaciones previas; por ello, la demandante solicita un juicio por jurado y una compensación económica por daños físicos, angustia mental y costos de tratamiento médico.
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