La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención en Ensenada, Baja California, del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, quien se convirtió en 1989 en el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México. La aprehensión, ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), vincula formalmente al político con una investigación iniciada en 2025 por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos (“huachicol fiscal”) a través de la empresa Ingemar S.A. de C.V., firma de la cual es fundador.
En respuesta, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un comunicado oficial en el que exigió el estricto respeto a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso para Ruffo Appel. Aunque el partido blanquiazul manifestó su confianza en que el exgobernador aclarará los señalamientos conforme avancen las indagatorias, denunció que la detención tiene tintes políticos y funciona como un “distractor” orquestado por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ante problemas de coyuntura nacional.
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Asimismo, la dirigencia de Acción Nacional reclamó la existencia de un “tratamiento diferenciado” en la procuración de justicia del país. El partido contrastó la celeridad con la que se actuó en este caso frente a la inacción de las autoridades ministeriales ante los graves señalamientos públicos que pesan sobre gobernadores de Morena, como Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Marina del Pilar Ávila, de Baja California, acusando que contra ellos no se ha procedido a pesar de contar con supuestas pruebas contundentes en su contra.
El expediente judicial contra Ruffo Appel e Ingemar detalla que la compañía —que originalmente operaba en el sector inmobiliario antes de incursionar en el sector energético en 2023— presuntamente ingresaba millones de litros de gasolina y diésel al país sin declararlos ante las aduanas para evadir el pago de impuestos correspondientes. Las indagatorias de la FGR, que ya habían incluido el cateo de un complejo industrial con tres millones de litros de combustible asegurados, también involucran al empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, a su hijo Ricardo Thomson Navarro y al socio extranjero José Merino Cuervo.
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