El gobierno de Irak condenó enfáticamente la ofensiva militar conjunta llevada a cabo por fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudita contra instalaciones de milicias alineadas con Irán en distintas regiones de su territorio. La escalada bélica ha dejado un saldo preliminar de al menos 20 muertos y decenas de heridos, además de severos daños materiales en varias localidades del país.
Ante la gravedad de los hechos, el primer ministro Ali al Zaidi convocó de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional para evaluar las implicaciones geopolíticas del ataque. Durante la sesión extraordinaria, los altos mandos del Gabinete militar y político recalcaron que estas incursiones aéreas representan una clara violación de la ley internacional. Asimismo, las autoridades remarcaron que corresponde de manera exclusiva al Estado iraquí gestionar la defensa de la nación y la regulación de la fuerza, rechazando categóricamente cualquier tipo de injerencia o intervención foránea no autorizada en sus asuntos internos.
Los bombardeos nocturnos apuntaron directamente hacia infraestructura logística y arsenales pertenecientes a las Fuerzas de Movilización Popular, una poderosa coalición de milicias chiíes que cuenta con el respaldo directo del régimen de Teherán. La incursión aliada se produjo como respuesta directa a una reciente oleada de más de 30 drones lanzados por estas facciones armadas contra estratégicas infraestructuras de la industria energética saudí. Esta situación generó gran alarma en el golfo Pérsico e intensificó considerablemente la tensión diplomática entre el régimen iraní y las monarquías de la región.
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Las operaciones militares aéreas se extendieron a lo largo de un amplio abanico geográfico, registrándose potentes detonaciones y severos ataques en provincias clave como Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Karbala y Diyala. Las propias unidades paramilitares afectadas y las autoridades locales confirmaron la pérdida de vidas entre los integrantes de los grupos armados, mientras lamentaban que el fuego cruzado causara víctimas civiles e importantes destrozos en la infraestructura urbana. La complejidad del escenario radica en que, aunque estas milicias forman parte del sistema de defensa formal iraquí, continúan operando con autonomía, complicando las aspiraciones del Ejecutivo de mantener la neutralidad.
Tras concluir la reunión del Consejo de Seguridad, el Ejecutivo encabezado por Al Zaidi instruyó formalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores a elevar una protesta de alto nivel ante organismos internacionales, recopilando evidencias del incidente bajo las normas de la Carta de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, las autoridades avanzan en la estructuración de un plan de seguridad destinado a desarmar progresivamente a las facciones armadas. El objetivo prioritario de Bagdad es asegurar el monopolio del uso de la fuerza y fortalecer la soberanía nacional antes de que se concrete la retirada total de la coalición internacional liderada por Washington, programada para concluir a finales de septiembre de este año.
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