La Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS) concluyó una de las semanas más decisivas y polarizantes de su periodo de sesiones tras emitir una serie de fallos definitivos sobre temas de gran relevancia constitucional, tales como la ciudadanía por nacimiento, los derechos de atletas transgénero bajo el Título IX y los alcances del poder ejecutivo federal. Las resoluciones han desatado una intensa jornada de debates y reacciones encontradas entre las dirigencias de los partidos Republicano y Demócrata en todo el país.
En una de las sentencias más destacadas, el alto tribunal invalidó la orden ejecutiva promovida por el presidente Donald Trump que buscaba poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento (birthright citizenship) para hijos de no ciudadanos. Tras el fallo, Trump externó formalmente su desacuerdo desde Dakota del Norte, afirmando que el tribunal interpretó la ley de manera errónea y argumentando que dicho precepto constitucional no fue diseñado para ser aprovechado por extranjeros. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, secundó la postura señalando que el mecanismo ha sido objeto de abusos, mientras que gobernadores demócratas, entre ellos JB Pritzker de Illinois, aplaudieron la resolución judicial y acusaron al Ejecutivo de intentar modificar las leyes de manera unilateral e ilegal.
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De forma paralela, la Suprema Corte determinó que es constitucionalmente válido que los gobiernos estatales prohíban a las mujeres y niñas transgénero competir en equipos deportivos escolares femeninos. No obstante, el dictamen aclaró que la resolución no impone un veto a nivel federal, delegando la jurisdicción regulatoria a cada entidad federativa. Ante esto, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, precisó que las leyes inclusivas de su estado no sufrirán modificaciones, en tanto que activistas conservadores y figuras del deporte como Riley Gaines instaron a los legisladores a buscar mecanismos legales o iniciativas de boleta electoral para lograr una prohibición de carácter nacional con base en las normativas del Título IX.
Finalmente, el ámbito electoral también registró actividad en los tribunales federales luego de que un juez bloqueara otra orden ejecutiva de la administración federal vinculada al Servicio Postal de los EE. UU. (USPS). El decreto presidencial pretendía ordenar al correo no procesar ni transmitir boletas electorales en aquellos estados que no proporcionaran previamente un padrón detallado de sus votantes por correo. El juez federal encargado de la causa decretó la suspensión de la medida tras determinar que violaba un acuerdo legal histórico alcanzado en 2020 entre el Servicio Postal y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), el cual somete a supervisión judicial estricta cualquier manejo o monitoreo del correo electoral.
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