El incremento constante en la presencia de aeronaves no tripuladas en las inmediaciones de estadios y recintos concurridos se ha convertido en uno de los retos de seguridad más complejos para los cuerpos de la ley en Estados Unidos. A diferencia de las armas o artefactos convencionales que pueden interceptarse en los arcos de detección y puntos de control terrestre, los drones tienen la capacidad de aproximarse desde varios kilómetros fuera del perímetro de seguridad, volar directamente sobre multitudes masivas y transportar cargas peligrosas.
De acuerdo con datos brindados por el FBI, tan solo en la semana previa al inicio de la Copa Mundial se detectaron alrededor de 1,600 drones en el espacio aéreo contiguo a los 11 estadios sede en el país, lo que derivó en la incautación de más de 700 dispositivos no autorizados. Si bien muchas de estas incursiones son atribuidas a aficionados que buscan tomar fotografías, pilotos que pierden el control o personas que desconocen las restricciones del espacio aéreo, el protocolo de las agencias exige tratar cada objeto volantín no identificado como un riesgo de seguridad potencial.
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Las alertas se intensificaron tras desmantelarse este mismo verano un plan que pretendía utilizar drones comerciales modificados con materiales explosivos para perpetrar un ataque durante un evento de la UFC en los jardines de la Casa Blanca. Ante este escenario, la Administración Federal de Aviación (FAA) y el FBI establecieron “zonas de no vuelo” que abarcan tres millas náuticas alrededor de los inmuebles deportivos y alturas de hasta 3,000 pies, fijando multas que pueden alcanzar los 100,000 dólares para quienes infrinjan el espacio aéreo restringido.
Especialistas en seguridad operativa señalan que neutralizar un dron implica riesgos secundarios considerables. Derribar o destruir físicamente una nave sobre una multitud puede generar caídas de escombros o detonaciones accidentales sobre el público. Debido a esto, los sistemas antidrones modernos se enfocan principalmente en interrumpir la señal entre el piloto y la aeronave mediante frecuencias de inhibición, forzando al dron a aterrizar de forma segura o a regresar automáticamente a su punto de origen para permitir la detención del operador.
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