La batalla legal en torno a la tragedia de Camp Mystic dio un giro crucial tras la presentación de una demanda federal enmendada en los tribunales de Texas. Los padres de las nueve niñas que perdieron la vida durante una devastadora inundación repentina (flash flood) el pasado mes de julio interpusieron el recurso legal en contra de altos funcionarios del Texas Department of State Health Services (DSHS). La acusación civil apunta directamente a la comisionada de la dependencia, Jennifer Shuford, y a diversos inspectores del programa estatal de supervisión de campamentos juveniles, señalándolos por presunta omisión y negligencia en el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
De acuerdo con el documento jurídico enmendado, los demandantes sostienen que Camp Mystic —ubicado en Hunt, Texas, a las orillas del río Guadalupe— operaba en flagrante violación de una ley estatal promulgada en 2015. Dicha legislación exige de forma obligatoria que todos los campamentos de verano juveniles cuenten con un plan de evacuación detallado integrado a sus manuales de emergencia, el cual debe estar visiblemente publicado dentro de cada una de las cabañas de los internos. La demanda alega que el personal directivo del campamento conocía la norma pero mantenía una política interna restrictiva que ordenaba a las menores permanecer dentro de sus cabañas durante las alertas climáticas, lo que bloqueó su escape ante la crecida del río.
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El expediente judicial coloca bajo un severo escrutinio una inspección técnica estatal realizada apenas 48 horas antes de la catástrofe. Los documentos revelan que la inspectora del DSHS, Maricela Zamarripa, auditó las instalaciones de Camp Mystic el 2 de julio y determinó de forma oficial que el lugar no presentaba infracción alguna, firmando la aprobación correspondiente. El reporte final de dicha inspección fue archivado el 6 de julio, dos días después de que la inundación arrasara con el complejo. Sectores políticos de Kerr County señalaron que esta demanda expone una grave falta de rigor administrativo, sugiriendo que la agencia estatal está implementando un control de daños para proteger la responsabilidad institucional del Estado.
En el ámbito administrativo, la presión social e institucional ha frenado los intentos de reapertura del campamento. El DSHS negó formalmente la solicitud de renovación de licencia de Camp Mystic tras recibir una oleada masiva de más de 900 correos electrónicos de la ciudadanía. La correspondencia digital, obtenida mediante peticiones de transparencia, incluye cartas de la comunidad texana y testimonios de los familiares de las víctimas que instaban al gobierno estatal a denegar los permisos de operación. Hasta el momento, las autoridades del Departamento de Salud se han negado a emitir comentarios públicos aduciendo políticas de confidencialidad vigentes sobre litigios civiles en curso.
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