Manuel Ernesto Hernández-Umana, un ciudadano salvadoreño en situación migratoria irregular, fue detenido por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras ser acusado de negligencia y mala conducta operativa luego de un trágico naufragio. Las autoridades federales confirmaron que el sospechoso pilotaba sin autorización ni licencia comercial una pequeña embarcación turística que terminó volcándose el pasado 8 de agosto en las aguas del puerto de Nueva York. El lamentable accidente dejó un saldo fatal con el fallecimiento de una mujer de 27 años de edad y su pequeña hija de cinco meses.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y del Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS), el barco navegaba con 14 personas a bordo a pesar de que su capacidad máxima reglamentaria era de solo diez ocupantes. Los fiscales detallaron que Hernández-Umana cobraba a los pasajeros por el recorrido turístico sin contar con la credencial exigida por la Guardia Costera para operar viajes comerciales. Asimismo, la nave carecía del Certificado de Inspección vigente y no disponía de los chalecos salvavidas adecuados para bebés ni niños pequeños al momento del embarque.
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El día del siniestro, los 14 ocupantes salieron despedidos al agua cuando la estructura colapsó y se dio vuelta en medio de la bahía. Aunque 11 pasajeros y el propio capitán lograron sobrevivir tras ser auxiliados, la madre y su bebé fueron rescatadas inconscientes por los servicios de socorro. Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar ejecutadas de urgencia por los paramédicos antes de trasladarlas a un centro asistencial en Brooklyn, el equipo médico confirmó el deceso de ambas víctimas a causa de la inmersión en el agua.
Tras confirmarse su permanencia no autorizada en el país —habiendo ingresado por Texas en 2007 mediante declaraciones falsas a los agentes fronterizos—, Hernández-Umana fue formalmente imputado por dos delitos graves de mala conducta y negligencia de oficial de barco con resultado de muerte. Cada uno de los cargos contempla una pena potencial de hasta diez años de prisión federal, tras cuyo cumplimiento las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) procederan a ejecutar su deportación inmediata hacia El Salvador.
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